lunes, 29 de agosto de 2011

Los grupos de presión: un eslabón perdido*

El Estado mexicano desde 1980, y en forma abierta, evidente, desde el 2000, vive un proceso de transición en su modelo económico, actuar político y comportamiento con respecto a la participación social; vive un proceso que va de gobierno fuerte, desgastado y falto de credibilidad, a un gobierno que nace de la legitimidad ciudadana y busca constituirse como portavoz real de las necesidades de una nueva sociedad y contexto internacional. Dentro de este proceso, hay grupos de poder que influyen de manera determinante en la nueva dirección del Estado, me refiero a las asociaciones, los grupos de interés y de presión. De ellos se dice muy poco, realmente nada; son, parecería, el eslabón perdido del Estado, del gobierno mexicano.
Digámoslo desde un principio. Los grupos anteriores cobran una especial relevancia en el proceso de transición que vivimos, en razón de que constituyen instancias de poder con rostro específico, concreto, que se ubican fuera de la estructura jurídico-administrativa del Estado y cuentan con un campo de acción propio; más todavía en un contexto como el mexicano, donde el término de clase económicamente dominante, la burguesía dominante como clase, se diluye notablemente en razón de que no está unida, cohesionada como clase, sino como grupos, sectores, o empresarios con nombres y apellidos. A mi país, dicho sea de paso, le falta esta gran revolución y transformación.
Obviamente, el que no tengan cohesión no quiere decir que no existan y, menos aún, que no compartan formas y condiciones tanto sociales como directamente de reproducción de capital. Por el contrario, se debe comprender que como grupos de presión constituyen fuerzas organizadas de poder en sus diversos órdenes (social, económico, ideológico, cultural, político), cuya característica adicional es el contar, cito a Héctor González Uribe, Teoría Política, con una "conciencia de sus derechos y ejercen una actividad que se influye de un modo más o menos eficaz en el poder público. Allí están representados los principales intereses del país: los del campo, de la industria, de la banca, de los trabajadores, de los profesionistas, de los artistas. Estos intereses actúan al margen de la actividad política estrictamente considerada y no tienen muchas veces una reglamentación legal que les dé una estructura jurídica. Pero son intereses reales y su acción es perfectamente legítima, en un régimen democrático, mientras se mantengan dentro de los cauces constitucionales".
Por lo anterior, estos grupos son vistos por el Estado, por las clases económica y políticamente dominantes, como instancias de poder que permiten revitalizar un determinado sistema de producción y dominio; son mecanismos que favorecen el control y poder político del Estado; son núcleos de poder e influencia que participan activamente en el proceso de legitimación de las instituciones, comportamientos sociales y actuación del Estado capitalista. Recordemos que en un sistema capitalista, en una economía de mercado, el sistema de dominio define las cosas de tal manera que, como menciona David Easton, en su Política Moderna, “aquellos que dirigen o aspiran a dirigir las empresas comerciales, que tienen que buscar la ganancia como condición de supervivencia y como medida del éxito de sus actividades", se abocan a ello y no a obtener el poder del Estado.

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

El contrapeso de los grupos de presión*

Naturalmente, las asociaciones, grupos de presión e interés, no tienen un comportamiento homogéneo toda vez que éste depende del tipo de Estado, forma de actuar del gobierno y conciencia política de la sociedad donde se encuentran; sin embargo, en forma muy general lo que sí podemos decir es que son contrapesos, confrontan e influyen, vía la negociación, al poder público.
Un ejemplo de lo anterior es el siguiente. En México, si bien es cierto que la derecha, la iniciativa privada está en el poder, ello no quiere decir que los grupos de presión también lo estén toda vez que, en su gran mayoría, son privados. No, los grupos de presión son instancias sociales que van más allá de intereses económicos. Efectivamente, hay grupos de está índole que en estos momentos se encuentran demasiado favorecidos, toda vez que sus intereses económicos se identifican con los intereses del capital financiero internacional. El enorme riesgo es que su identidad con dicho capital carece de consenso. Estos grupos son muy pocos, empero, con ellos hay que negociar demasiado; están en el poder y desde el poder la transición que buscan es contar con un país maquilador, sin educación ni desarrollo tecnológico. Para ellos la transición de régimen y de Estado, se traduce no en una transformación cualitativa, sino en un “cambio” sustentado en una ilusión de ser otros; esperanza sin sustento, cáscara sobrepuesta, costa en la herida. Escúchese, buscan un cambio sin consensos.
Hay otros grupos cuyos intereses tienen sus raíz en tierra mexicana y, por lo mismo, están luchando por incorporarlos a las decisiones gubernamentales. Estos grupos de presión, interés o asociaciones son los que no reconocen del todo el liderazgo de los grupos que se identifican cien por ciento con los intereses externos, ni firmarán pactos donde saben que serán absorbidos económica y políticamente. Para ellos sus espacios reales de poder se encuentran amenazados, de ahí que manifiesten una postura a favor de la transición a una democracia real, a un verdadero Estado de derecho donde florezca una mejor condición de vida tanto en lo individual como en lo social, distribución de ingreso y desarrollo económico nacional. Estos grupos buscan la negociación, los consensos y compromisos propios de un pacto maduro, de un pacto de reconstrucción nacional. Por bien del país espero que cambie el discurso de polvorín y prepotencia, de entreguismo y labia, y se tome en serio las propuestas de los grupos de presión nacionales.
Ahora bien, es de mencionar que las instancias de poder que aquí abordamos adquieren gran relevancia a nivel conceptual y de práctica política, en un proceso de transición crucial en la historia universal como es el desarrollo de la segunda guerra mundial, ello, entre otras cosas, porque fueron parte de los intereses que se dieron cita en dicha guerra, así mismo, porque es a partir de dicha década cuando florecen los sistemas democráticos (contexto ideal para que los grupos de presión se configuren como el ideal instrumento de implementación del pensamiento liberal, ya que permiten la adaptación, acoplamiento y ensamble de intereses nacionales para la reproducción del capital y las condiciones sociales que esto implica). ¿Me doy a entender sobre el porqué busco el eslabón perdido?
Así las cosas, el tema de los grupos de presión (pressure groups, para ubicar el concepto en el idioma del país que los vio nacer y florecer: Estados Unidos de Norteamérica), es de suyo complejo, más aún si tenemos en cuenta que es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando realmente se inicia su estudio. Al respecto, no es casual que Héctor González Uribe en su libro antes mencionado, nos diga que es hasta años recientes cuando “los sociólogos, los politólogos y juristas, tomando en cuenta la creciente importancia de los grupos de presión, han tratado de justificar su existencia y de encontrarles un lugar adecuado en el orden constitucional. Llegan incluso los autores a estimar que dichos grupos -y no los ciudadanos aislados- son los verdaderos sujetos de la acción política. Piensan, en todo caso, que los grupos han dado lugar a un pluralismo social y político que propicia un régimen mixto -individualista y social- en la vida democrática. En la práctica constitucional, no hay todavía uniformidad acerca del reconocimiento de esos intereses. En países como Estados Unidos se regula su actuación mediante leyes, como, por ejemplo, la Lobbying Act de 1946; en los países europeos, en cambio, se incorpora a esos grupos en órganos o comités consultivos de los poderes públicos o bien se les llega a dar una representación constitucional, al lado de la representación política por partidos. En países en los que el intervencionismo del Estado va avanzando, muchos de los grupos privados que ejercían una acción o representaban intereses al margen del poder público, son absorbidos y convertidos en organismos descentralizados del Estado".
Por lo anterior, considero que en una formación económica-social concreta, el Estado, por medio de las asociaciones y los grupos de presión fortalece su control político y fomenta la actividad democrática de la sociedad, con lo cual, al mismo tiempo que legitima el actuar de sí mismo y de los grandes intereses económicos que en él se condensan, cumple con su función de generar las condiciones necesarias para la obtención de la ganancia. Así las cosas, los grupos de interés y de presión constituyen un pilar fundamental para que el Estado dialogue con los grandes intereses económicamente dominantes, pero además, para que implemente sus proyectos nacionales, sin obstáculos y sin perder su autonomía relativa.

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

Grupos de presión y Estado de derecho*

El tema de los grupos de presión (pressure groups, para ubicar el concepto en el idioma del país que los vio nacer y florecer: Estados Unidos de Norteamérica), es de suyo complejo, más aún si tenemos en cuenta que es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando realmente se inicia su estudio. Al respecto, no es casual que Héctor González Uribe en su libro antes mencionado, nos diga que es hasta años recientes cuando “los sociólogos, los politólogos y juristas, tomando en cuenta la creciente importancia de los grupos de presión, han tratado de justificar su existencia y de encontrarles un lugar adecuado en el orden constitucional. Llegan incluso los autores a estimar que dichos grupos -y no los ciudadanos aislados- son los verdaderos sujetos de la acción política. Piensan, en todo caso, que los grupos han dado lugar a un pluralismo social y político que propicia un régimen mixto -individualista y social- en la vida democrática. En la práctica constitucional, no hay todavía uniformidad acerca del reconocimiento de esos intereses. En países como Estados Unidos se regula su actuación mediante leyes, como, por ejemplo, la Lobbying Act de 1946; en los países europeos, en cambio, se incorpora a esos grupos en órganos o comités consultivos de los poderes públicos o bien se les llega a dar una representación constitucional, al lado de la representación política por partidos. En países en los que el intervencionismo del Estado va avanzando, muchos de los grupos privados que ejercían una acción o representaban intereses al margen del poder público, son absorbidos y convertidos en organismos descentralizados del Estado".
Por lo anterior, considero que en una formación económica-social concreta, el Estado, por medio de las asociaciones y los grupos de presión fortalece su control político y fomenta la actividad democrática de la sociedad, con lo cual, al mismo tiempo que legitima el actuar de sí mismo y de los grandes intereses económicos que en él se condensan, cumple con su función de generar las condiciones necesarias para la obtención de la ganancia. Así las cosas, los grupos de interés y de presión constituyen un pilar fundamental para que el Estado dialogue con los grandes intereses económicamente dominantes, pero además, para que implemente sus proyectos nacionales, sin obstáculos y sin perder su autonomía relativa.

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

¿Cómo se generan los grupos de presión e interés?*

Estos grupos se generan en un proceso social interrelacionado entre la sociedad misma, entre la sociedad y el Estado; lo cual es lógico, en razón de que toda sociedad se conforma por un conjunto de personas que interactúan de acuerdo a determinados intereses, finalidades e ideologías. De hecho, los actos sociales no son otra cosa más que la interelación de personas o grupos ante un mismo objetivo, sea este personal, grupal o de clase. Políticamente hablando, nada gratuito es que desde antes del estallido de la segunda Guerra Mundial, se tuviera especial atención en las asociaciones y en los grupos socialmente organizados, “socializados” por intereses comunes pero al margen de la estructura interna del Estado.
Por la importancia que en el proceso de formación de los grupos de presión tiene el concepto de socialización, permítaseme recordar aquí la definición que al respecto elaboró mi profesor Gregorio Kamisky, CIDE 1982 en su libro Socialización, Editorial Trillas-ANUIES; para él, dicho concepto está conformado por “todas y cada una de las instancias a través de las cuales un sujeto humano integra e incorpora las consignas y determinaciones de la estructura social en la que interactúa. Más precisamente; la socialización incluye todas las instancias a través de las cuales un sujeto humano se hace individuo. ... Por eso, podemos asociar e identificar la socialización con el proceso de ideologización de una sociedad. La ideología se manifiesta a través de un sistema de representaciones, imágenes y actitudes concretas que tienden a procurar la cohesión social. ... La socialización, así como también la ideologización, tiene como objetivo fundamental la homogeneización de los miembros de una sociedad".
Para analizar y definir el comportamiento de los grupos, clasificarlos por sus ámbitos de poder y determinar los niveles de influencia en las decisiones políticas de los Estados nacionales, se suele empezar por la llamada teoría de los grupos que formula Arther Bentley, The process of governmet; posteriormente, con la exposición al respecto proporciona David Easton en su Política Moderna y, finalmente, por la de David Truman en su clásico libro The governmental process. En términos generales, para estos autores los grupos de presión, interés y asociaciones son los instrumentos reales de poder que generan la real actividad política; están por encima de los partidos políticos y de la lucha de clases; precisando: la lucha de clases no existe en razón de que los intereses de la sociedad se manifiestan a través de los grupos de presión, interés y asociaciones. La anterior idea la podemos ubicar como la visión empresarial sobre la generación de la política y de las políticas públicas que emite el Estado.
Sobre el particular, considero que la manera como Bentley aborda las asociaciones y los grupos de presión no es propiamente mediante una teoría de grupos sino mediante un método de acercamiento al fenómeno tan amplio y complejo como es el de las instancias de poder materia del presente escrito. Un mecanismo teórico no puede llevar a cosificar la realidad, a simplificar formación de políticas y ejercicio del poder. En este sentido Eckstein, citado por Norberto Bobbio y Nicola Matteuci (Diccionario de política, Traducción de Raúl Crisafio, Alfonso García, Mariano Martín y Jorge Tula, dos tomos, Siglo XXI), menciona que “no se puede hablar propiamente de una teoría, desde el momento que, si se reduce a lo esencial, la teoría de los grupos no dice otra cosa que la política es el proceso por medio del cual los valores sociales se asignan de un modo imperativo; esto se lleva a cabo mediante decisiones; las decisiones son producidas por actividades; cada actividad no es algo separado de las demás sino que masas de actividades tienen tendencias comunes respecto de las decisiones; estas masas de actividades son grupos; en esa forma la lucha entre los grupos (o intereses) determina qué decisiones se han de tomar".

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

¿Qué son los grupos de presión e interés?*

De acuerdo a Bobbio se puede decir que "los grupos de poder surgen por el esfuerzo de hacer frente a un problema inmediato, se basan en un solo interés y se transforman luego para prestar los servicios que sus afiliados van considerando necesarios, en tanto que los partidos, desde el momento de su construcción, se presentan como representantes de diversos intereses. ... De una manera o de otra, ambas estructuras realizan todas las funciones de transmisión de la demanda política, de intermediación entre la sociedad y el gobierno, de reclutamiento político, de participación política y de integración social. No obstante se pueden distinguir por lo menos tres funciones que realizan sólo los partidos y no los grupos de presión: la función de competencia electoral, la función de administración directa del poder y tal vez la función de expresión democrática".
Con lo expuesto, estamos en la posibilidad de definir a los grupos de presión e interés. Parto de la idea de que una asociación es un grupo de individuos que interactúan con un fin determinado; empero, cuando la postura de dicha interacción se dirige al Estado y no es satisfecha por éste, se da entonces una suerte de interés que une a los grupos para solicitar formal, política o socialmente, una respuesta del Estado a sus demandas. Ante estas circunstancias las características que asume el grupo pueden ser de interés o de presión.
De esta manera, retomo nuevamente a Norberto Bobbio, el grupo de interés es la unión de individuos que, "basándose en una o varias actitudes compartidas, lleva adelante ciertas reinvindicaciones ante los demás grupos de la sociedad, para el establecimiento, el mantenimiento o la ampliación de formas de conducta que son inherentes a las actividades compartidas"; por su parte, los grupos de presión los constituyen individuos “organizados que, a pesar de que tratan de influir en la distribución de los recursos dentro de una sociedad ya sea para mantenerla invalidada ya sea para cambiarla a su favor, no participan directamente en el proceso electoral y, en cierto modo, no están interesados realmente en administrar por cuenta propia el poder político sino en tener un acceso fácil y franco a este último y en influir en sus decisiones", y, finalmente, dentro de los grupos de presión es de señalar la existencia de los lobbying, los cuales "como indica la expresión misma, tomada del corredor de los edificios parlamentarios y de la entrada de los grandes recintos en que frecuentemente residen los parlamentos, se trata de una actividad o, mejor dicho, de un proceso, más bien que de una organización. Es el proceso por medio del cual los representantes de grupos de interés, actuando como intermediarios, ponen en conocimiento de los legisladores o de los desion-makers por medio de los grupos de presión a los decision-maker por medio de representantes especializados (y en algunos casos, como el de los Estados Unidos, legalmente autorizados) que pueden o no hacer uso de la amenaza de sanciones".
Los grupos de interés y presión son, por tanto, articulación de intereses que buscan instalarse en decisiones políticas, estructuras de poder y control político, por una parte y, por otra, defenderse así y por sí mismos, contra grupos sociales de intereses contrapuestos parcial o totalmente. En el primer caso, se refiere a defenderse de grupos que no están de acuerdo con la forma de reproducción del capital, en tanto que el segundo, solamente su desacuerdo consiste en el cómo se reproduce, no en la esencia que implica la reproducción del capital.

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

Estado y factores de poder*

Abordar el tema de la relación entre el Estado y los factores de poder de las asociaciones y grupos de presión no es sencillo, entre otras cosas, porque los grupos de presión carecen de un comportamiento homogéneo en su forma de actuar, en su forma de ejercer influencia y presión. Considero oportuno citar la clasificación que al respecto hace Jean Meynaud (autor citado por González Uribe en su Teoría Política); para Jean Meynaud dicha presión se ejerce por tres mecanismos principales: “la persuasión, la corrupción y la intimidación. La persuasión se realiza mediante las campañas de información y de propaganda, en las que se utilizan los modernos medios de comunicación masiva: la prensa, la publicidad, la radiodifusión, el cine, la televisión. Se utilizan, además, los contactos personales y las negociaciones, los pliegos de petición, la iniciativa de leyes; y sobre todo, la intervención directa de los partidos políticos en las elecciones. La corrupción -por desgracia muy frecuente en nuestros días- se lleva a cabo mediante el típico sistema del soborno a los funcionarios políticos, administrativos y judiciales, o bien, comprando la prensa, subvencionando a los partidos políticos o introduciendo alguna influencia indebida en el engranaje del gobierno. La intimidación, por otra parte, es un procedimiento que se da también repetidamente en los Estados contemporáneos. Va desde la simple defensa de intereses por medio de la resistencia pasiva -el boicot, el paro de actividades, la negativa del pago de impuestos, la huelga- hasta la acción revolucionaria de grupos enemigos del Estado que desean, justa o injustamente, un cambio radical en las estructuras políticas".
Estas tres formas de presión al Estado no son las únicas, empero, sea cual fuere la forma de presión, es importante recordar que el papel del Estado no es mostrar un evidente favoritismo hacia uno de los grupos, sino responderle a todos de acuerdo a tiempo y circunstancia; al peso que tengan en la historia de una nación o a la coyuntura específica que se viva. Naturalmente, recordemos siempre que las medidas de políticas públicas que implemente el Estado, beneficiarán a unos y “perjudicarán” a otros; por supuesto, nadie irá a la ruina.
De las múltiples formas de presión que recibe el Estado, coincido con Ralh Miliban, El Estado en la sociedad capitalista, la de los hombres de negocios la más importante y eficaz que cualquiera otra: “los hombres de empresa se encuentran en inmejorable situación para ejercerla, sin necesidad de organización, campaña y cabildeos. Es ésta la presión omnipresente y permanente, sobre los gobiernos y el Estado, generada por el control privado de los recursos industriales, comerciales y financieros concentrados. ... Es evidente que los gobiernos no están completamente desvalidos ante el poderío de los hombres de negocios, ni tampoco es el caso que estos últimos, por más grandes que sean las empresas a su cargo, puedan desafiar abiertamente las órdenes del Estado, hacer caso omiso de sus disposiciones y burlarse de la ley. Más bien de lo que se trata es que el control ejercido por los hombres de negocios sobre esferas grandes y fundamentales de la vida económica dificulta extremamente a los gobiernos imponerles políticas a las que se opongan firmemente".

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

Asociaciones, grupos de presión y legitimación de Estado*

Con lo expuesto, retomo la idea rectora del presente escrito: las asociaciones y los grupos de presión, como instancias de poder, constituyen una fuente de legitimidad y estabilidad política para el Estado, en virtud de que son agentes que construyen y controlan la política e influyen en el aparato jurídico-político del Estado para que éste tome decisiones a su favor, pero al mismo tiempo, al responderles, dan un marco de gobernabilidad. Recuerdo aquí la metáfora expuesta por David Easton, Política Moderna, sobre los grupos que estudiamos; él dice que éstos ejercen en el Estado una presión semejante a la “hidráulica en los fenómenos de la física.” Es una presión de interrelación sociedad-aparato administrativo del Estado.
Agrego un punto más: los grupos de presión e interés proporcionan siempre un cierto equilibrio y legitimidad al Estado, ello es así, precisamente, porque su actuar es institucional. Cito nuevamente a David Easton, “son parte de la actividad del patrón institucionalizado, que tiene consecuencias en cuanto a la supervivencia y el destino de ese sector particular de la organización, los dirigentes del grupo, cuyas actividades son de nuestro inmediato interés. ... Estos patrones institucionales circunscriben, desde luego, no sólo las decisiones de otras organizaciones sino también las decisiones de otras organizaciones formales, como los grupos de interés, tal como lo indiqué antes. ... El contexto "institucional" descrito como la tecnología, la organización económica, la ideología, el derecho, y términos análogos, ayuda a determinar, señala Fainsod, la dirección que toma la regulación y los límites dentro de los cuales debe confinarse."
En el contexto mexicano, puede ejemplificarse la influencia de las asociaciones, grupos de presión e interés sobre las instituciones gubernamentales, desde el momento mismo que éstos sólo actúan dentro del marco institucional, con lo cual, se conforman como agentes de estabilidad y cambio dentro de la continuidad.
El ejemplo máximo de influencia en la vida nacional de los grupos que estudiamos se da en un proceso de transición que vive el Estado mexicano en el Siglo XIX; proceso que, en lo fundamental, de acuerdo al Dr. Guillermo F. Margadant S., en su Introducción a la histórica del derecho mexicano, consistió en “la formación del sentido nacional, la liberación de importantes, pero ya opresivas tradiciones, y la penetración de una moderna administración, junto con nuevas vías de comunicación en casi todo el vasto territorio”.
Ahora bien, enfatiza Margadant, “como lo jurídico siempre debe estudiarse contra un fondo de hechos económicos y sociales, conviene interrumpir un momento la historia jurídica, para estudiar lo económico-social de México a mediados del Siglo XIX. … Los grupos de presión. 1. El clero, (conservador, privilegiado y bajo), 2. El gran comercio (estaba en gran parte en manos de extranjeros, siempre a favor de tarifas aduanales bajas, y a menudo exigiendo orden en materia administrativa aunque fuera a costa de la independencia nacional. 3. La industria. Estaba siempre a favor de tarifas altas. 4. Los grandes terratenientes. Estos codiciaron los bienes del clero y favorecieron a menudo la confiscación de ellos, como solución alternativa de un serio impuesto predial que podría haber resuelto parte del problema creado por la enorme deuda interior y exterior. 5. La clase militar. Un importante grupo de presión fue también dicha clase, que insistía en su propio fuero. 6. Los mineros. Eran principalmente ingleses y sus  resultados financieros e influencia política no eran muy importantes. 7. Los burócratas. Como último grupo de presión encontramos a los burócratas, de número excesivo, producto del afán de cada nuevo gobierno de dar algún empleo a sus adictos, en recompensa de la fidelidad demostrada”.
Guardadas las distancias, en el proceso de transición que vive México a partir del año 2000, dónde está la postura, entre otros, de CONCAMIN, CONCANACO, CANACINTRA, el clero (¿el clero está en el poder?), el gran comercio, la clase militar, la burocracia; ¿dónde están las asociaciones, los grupos de presión e interés?, ¿qué hacen?, ¿qué proponen?, ¿están controlados por el Estado o el Estado está controlado por ellas? Son el eslabón perdido, el nudo de poder que es necesario desatar si realmente se busca vivir una real transición del Estado mexicano.

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

jueves, 25 de agosto de 2011

La transición en México: proceso de consensos*

Para Susana Díaz Ramírez:
Una fuerza que no conoce la palabra “claudicar.”


Todo proceso de transición encierra dolor de parto, reto permanente, mesura, mirada crítica y autocrítica, despersonalización y, porqué no decirlo, esperanza de que las cosas realmente cambien para todos, en particular y en mayor medida, para los ochenta millones de mexicanos que viven en la pobreza, sea ésta de la escala que sea. Este proceso de transición es el que vive México desde la década de los ochenta, con una nueva fase desde el año 2000. Durante estos años la transición ha sido a veces efusiva, a veces tensa; un día los acuerdos se atan, en otro se desatan. El común denominador y problema de fondo, es que prácticamente nada del proceso de transición se ha instrumentado con base a trabajos legislativos preconstituyentes, a consensos en relación con puntos concretos, posturas políticas, manifestaciones de intereses de clase o sectores de clase.
En estos momentos es altamente probable que alguien, con justa razón, pregunte: ¿Y hacia dónde va nuestra transición? Repito, han faltado consensos, trabajo legislativo. Es tal la apatía social a la cual se ha llegado respecto de las acciones públicas que, a la pregunta anterior, aseguraría que más de una persona contestaría: “vamos hacia lo mismo;” “las cosas son de otra manera lo mismo.” Lamentable contestación para un momento histórico único, complejo, irrepetible, de una sociedad que vive una transición real y concreta, pero que, de olvidar los consensos, su transición será fragmentaria, parcial, elitista, de la cúpula para la cúpula. Si es el caso, entonces, efectivamente, para ello no se necesitan consensos sino acuerdos.
¿Implica un gran esfuerzo el hacer una campaña legislativa donde se manifieste la necesidad de cambio, de transición hacia un nuevo modelo económico e instituciones que cuenten con credibilidad?; ¿implica un gran dolor el reconocer la necesidad de contar con un nuevo sistema de partidos, democracia real y reestructuración de Estado?; ¿es difícil mencionar públicamente, que la transición mexicana lo que pretende es un reencuentro de voz e historia?. Muchos intereses confluyen, los externos predominan, no se digan los compromisos contraídos por la reestructuración de la deuda externa. Un nudo importante de la transición es aquí donde se presenta. Las cadenas financieras proporcionan un corto margen a la autonomía relativa del Estado mexicano, especialmente frente a la economía norteamericana, ¿qué límites marcar?, ¿cómo conformar dentro del marco de reproducción de capital un proyecto nacional?
El problema es de libertad y soberanía. ¿En qué condiciones una y otra?; aquí está el reto de la transición. Tal vez hablar de libertad condicionada y soberanía compartida nos lleve a fijar en forma realista, sin idilios, la postura que como país se debe establecer después del proceso de transición. Yo entraría a un debate nacional por este camino, empero, es de señalar que se tome el camino que sea, considero que mínimamente existen dos preguntas centrales a contestar: ¿cómo hacer que florezca la formación económico-social mexicana?, ¿qué sucedería si México se levanta ante la economía mundial, como en su momento lo hizo Japón, con una voz propia pero compatible con el proyecto económico norteamericano?

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

El reencuentro de un camino nacional*

Varios detonantes se dan cita en una transición, uno de ellos es de capital importancia valorar y meditar: el de la necesidad y búsqueda de reencontrar un camino nacional en el desarrollo económico, político, social, cultural, sin perder de vista un contexto internacional. Al meditar lo anterior, considero que es enriquecedor valorar la idea siguiente. Nuestro país es una historia de liberación y conquista, el escenario de criollos y españoles se repite: así como los criollos en su momento lucharon por su liberación de España, así también, sectores de la economía mexicana luchan ahora por romper la dependencia y el papel maquilador y comercializador que ha asumido el Estado mexicano con respecto a la economía norteamericana en la fase de globalización. Se deben buscar consensos, recuérdese que la fuerza y debilidad de una transición es precisamente que son muchos los intereses que participan y están en juego; de ahí precisamente que la única posibilidad real de llevar a buen término una transición política, económica o social, es a través de consensos que estarán marcados dependiendo el tipo de democracia y forma de Estado de donde emanen.
Los consensos encierran acuerdos, reglas claras de participación social, costos y consecuencias políticas, efectos y proyecciones socioeconómicas; los consensos son compromisos asumidos con madures, sentido crítico y perspectiva histórica de todos y cada uno de los agentes, instancias, grupos y clases sociales que se dan cita en la formación económico-social en proceso de transición.
De ahí que la transición sea una tarea compleja, lenta y a largo plazo. Considero que la posibilidad de lograr o no la transición que vivimos, dependerá mucho de lo que se quiera y bases en que se sustente. ¿Se quiere una transición de elite, de cúpula, fragmentaria y parcial?, o, por el contrario, ¿se quiere una transición general, amplia, que comprenda la formación económico social en su conjunto? En el primer caso se requieren acuerdos, valores entendidos, diálogos a media luz. En el segundo, se requieren consensos. En la transformación de una formación económico-social, los pasos que se den deben ser de consenso, de lo contrario no son pasos, son sombras, vacíos, actos que “aran en el mar”.
El momento histórico que vive el país posibilita una transición que va mucho más haya de una modificación superficial, parcial, a treinta años (al 2030; años más, años menos, del vencimiento del pago de la deuda externa). La sociedad mexicana está por una transición estructural; busca creer nuevamente en su propio Estado, pero sin olvidar la presencia de los compromisos y acuerdos contraídos con el exterior. El Estado que la sociedad mexicana concibió en 1910, a través del tiempo se alejó de la base social que lo formó, llegando incluso, en los últimos años, a que el Estado gobernara al Estado, el gobierno al gobierno. Esa fue la lección del 2000. Muchos cuestionamientos se pueden hacer al respecto, empero, nadie puede negar, que el actual presidente de la República llegó con el peso y la fuerza, del voto popular.
Por lo anterior, considero que la transición que vive la sociedad mexicana requiere de todos y cada uno de los intereses sociales que integran el Estado; requiere de consensos para la transición y el cambio; cada cual de acuerdo a su interés de clase o fracción de clase, gremio o comunión social, política o ideológica. En un proceso de transición no hay excluyentes. En este sentido, ¿qué mejor base para la transición de una sociedad que parte ya de una democracia, como es el caso de la mexicana, de una participación de poderes?, ¿qué mejor inicio que la conformación de consensos sociales y la legislación de los mismos?
Es indispensable la elaboración de trabajos preconstituyentes que bien pueden ir desde abordar temas de soberanía nacional, recomposición de sistemas de partidos, nuevo proyecto de política económica, entre otros; hasta, por qué no, llegar a consensos en una Ley General para la Transición del Estado Méxicano, o Ley para la Reforma Política del Estado Mexicano. Lo central es que el poder Legislativo elabore trabajos preconstituyentes que lleven a consensos para lograr una transición hacia un nuevo comportamiento de Estado; hacía un Estado real de derecho.
Yo aseguro que un proceso conformado de esta manera, dará como resultado no solamente una nueva constitución política, sino un nuevo país, un país libre. La historia no es nueva, primero perdimos nuestra libertad y dimensión histórica por medio de la conquista; posteriormente, siendo ya un país indígena, mestizo y criollo, recuperamos nuestro destino en un contexto de instituciones democráticas; más tarde, sin perder el sentido democrático, entramos a una transformación de Estado cuya meta y razón de ser, fue la rectoría económica, sentido social y responsabilidad de organizar, cito el artículo 26 constitucional, “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”. Efectivamente, para lograr lo anterior fue necesario un proceso revolucionario. Ahora la revolución está en la cibernética.

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.


Factor generacional y falta de credibilidad en las instituciones*

De 1910 a nuestros días, varios acontecimientos se han llevado a cabo en la sociedad mexicana, entre otros, la falta de credibilidad en las instituciones y el surgimiento, en la década de los noventa, de una generación cuya característica es el haber nacido con el mause en la mano. Esta generación, por obvias razones, ya no se identifica con aquella de jóvenes de los años sesenta, ni mucho menos con la generación que fue producto de la revolución mexicana de 1910 y menos aún con la que gestó dicha revolución.
Sin embargo, resaltaré aquí dos hechos históricos que, así lo considero, también se deben tener en cuenta al confluir en un diálogo nacional, en una visión y postura política tanto de clase como personal. Abro un paréntesis. Recuérdese que no siempre la primera está en la segunda. Los aparatos ideológicos de Estado hacen todo para que la visión de clase y la postura ideológica no se junten. En forma separada se ejerce mucho mejor el poder, el control del mismo, el accionar de políticas económicas y sociales del Estado en forma unilateral. ¿Qué mejor que contar con una sociedad o individuo, fracturado, roto; que piense hacer una cosa y haga otra?. Más todavía, contar con una sociedad a la cual se le diga cómo debe de pensar y actuar. Parecería que vivimos en una país acrítico, mudo, sin el imperio del derecho, además de humillado y ofendido. Qué lamentable. ¿Es difícil percatarnos de la madurez de la sociedad mexicana?, madurez que realmente nunca se ha perdido. Recuerdo las siguientes palabras de Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, de Miguel León-Portilla, Fondo de Cultura Económica: “Pero, aun cuando así fuera, si saliera verdad, que sólo se sufre, si así son las cosas en la tierra, ¡se ha de estar siempre con miedo?, ¿habrá que estar siempre temiendo?, ¿habrá que vivir siempre llorando? Porque se vive en la tierra, hay en ella señores, hay mando, hay nobleza, hay águilas y tigres. ¿Y quién anda diciendo siempre que así es en la tierra? ¿Quién trata de darse la muerte? ¡Hay afán, hay vida, hay lucha, hay trabajo!”.
Decía, entonces que hay dos hechos históricos que me parece necesario resaltar en este proceso de diálogo nacional, ellos son, en primer lugar, que pese a todo lo que ha sucedido en la política nacional el carácter democrático del Estado sigue vigente y, en segundo lugar, la existencia de una enorme debilidad: el país, conforme pasa el tiempo, es cada vez más dependiente en su desarrollo económico, en particular, de la economía norteamericana; cada vez dependemos más de una deuda externa, de compromisos y directrices externas, y, en contrapartida, seguimos aferrados al petróleo, como un niño impotente a la falda de su madre, como elemento salvador. La conclusión, para las grandes potencias, para Estados Unidos en especial, somos un gran país maquilador, un país pobre, sin educación y desarrollo tecnológico; empero, lo paradójico de la histórica, ha crecido una burguesía nacional y los compromisos contraídos con el exterior nos llevan más que a morir solos, a vivir con ellos. 

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.


Transición y compromisos de Estado*

La transición que vivimos desde la década de los ochenta y en una nueva etapa desde el 2000, no solamente es el cumplir compromisos económicos contraídos por la deuda externa (contar con un patrón de acumulación de carácter neoliberal donde es mejor importar café, maíz, frijol, manzana, azúcar, entre otros, que producirlos; patrón de acumulación predominantemente financiero, especulativo, unilateral y sin consensos), sino también, dialécticamente, en responder a una necesidad de contar con un país autónomo en lo económico, con una soberanía y voz propia.
Es a partir de esta premisa como surge la posibilidad de que este país pueda incorporarse con un proyecto nacional propio y con una economía abierta, a un mercado global. ¿Y cómo lograr lo anterior?. Mediante una legitimación y legislación de todas y cada una de las etapas, objetivos y compromisos de todos y cada uno de los agentes sociales que se dan cita en el proceso de transición.. Solamente la legitimación y legislación de los consensos sociales pueden constituirse en la plataforma para una real transición del Estado mexicano.
México requiere liberarse de su dependencia económica, requiere recuperar su soberanía nacional, y de ahí establecer su soberanía compartida; sin ello, es muy difícil que cuente con una voz, con una presencia económica, política y social, en la escala que sea, si es que esto se mide por escalas; es distinto que con fortaleza se convierta en maquilador que, como hoja a merced del viento se nos designe como país maquilador, ello en virtud de que como país deudor acata disposiciones del acreedor. México requiere ser una sociedad en sí y para sí, y desde ahí ser una sociedad integrada, con su propia calidad histórica, al resto del mundo.
En este proceso de transición, si bien es cierto que todos los poderes de la Federación deberán participar desde su ámbito de competencia, también lo es que recae en el poder Legislativo, la función principal de encabezar dicho proceso. Para tal efecto, tal poder deberá emprender una serie de trabajos legislativos que permitan, sin prisa pero sin pausa, la conformación de consensos sociales. De no hacerlo así, caeremos en el espejismo de la transición, en el desencanto y la desesperanza.
El poder Legislativo cuenta, desde el año 2000, con un dato objetivo, evidente: la sociedad mexicana en su conjunto manifestó por la vía y conductos democráticos, que era necesario transformar las viejas estructuras de poder, reestructurar un nuevo Estado con base a un nuevo pacto y proyecto nacional.
Repito, si bien es cierto que los poderes de la Unión deben responder a este sentir, le corresponde sobre todo al Congreso de la Unión retomar y emprender trabajos legislativos que lleven a consensos; trabajos tales como: la soberanía nacional, el comportamiento de los partidos políticos fuera de un marco constitucional y dentro de un sentir social, el equilibrio de poderes de la federación y la reestructuración de los mismo, los controles constitucionales, el papel del ejército mexicano, la participación de entidades y municipios en el pacto federal, la integración de un proyecto nacional en su dimensión económica, política, social y cultural de ochenta millones de mexicanos que viven en la pobreza (sea alta, media, baja, extrema baja o alta), y 20 millones que viven en Estados Unidos, el comportamiento del Estado en el marco internacional ante la legislación internacional en general, derechos humanos, comercial, penal.
Sobre este último tema es de señalar que existe, por ejemplo, un Tribunal Internacional, una Comunidad Europea formada por quince países que están por generar una Constitución General Europea —qué curioso, el pensamiento de Simón Bolivar en Europa—. Con el tiempo habrá una Unión de Países del Continente Americano y, por consiguiente, una nacionalidad norteamericana (no es casual el reconocimiento de doble nacionalidad en varios países de nuestro continente Americano), y una Constitución General Norteamericana. De ahí la fortaleza de una identidad nacional, de ser una nación con voz propia hablando al mundo.

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

Transición y canales de comunicación*

En el proceso que comentamos, considero que lo central es propiciar y crear los canales adecuados para que los individuos se manifiesten al mismo tiempo que como individuos, como parte integrante de sectores sociales, políticos y económicos. Es necesario que la sociedad se manifieste con su interés a cuestas y desde su organización socio-política, sea esta partido político, grupo de presión e interés, asociaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones de campesinos, obreros o trabajadores de “cuello blanco.”
Asimismo, se debe propiciar que tanto el Estado como las instituciones, cumplan con las funciones para las cuales fueron creadas. De la muerte de la corrupción dependerá la vida de las instituciones. La corrupción como estrategia de control político, tarde o temprano deja dividendos desfavorables para el desarrollo de la democracia y la credibilidad de las instituciones. Considero que solamente de esta manera se contará con los agentes reales de transición hacia un verdadero Estado de derecho, entendiendo por éste el que se somete sin distinción alguna, a las disposiciones legales que regulan el comportamiento de una formación social.
Por lo expuesto, discúlpeseme lo reiterativo, el poder Legislativo debe buscar consensos y representar realmente a la sociedad, lo cual se traduce , por mencionar uno de los puntos más sencillos, en transformar el levantamiento del dedo de la prepotencia y “línea”, en un voto razonado, respaldado por grupos e intereses sociales, de consensos. No es fácil romper inercias, como tampoco lo es buscar consensos. No es cuestión de olvidar el pasado y trabajar solamente sobre el presente, por el contrario, se requiere retomar el pasado como elemento crucial que pueda unir cada una de las piezas que forman el espectro del presente y puedan redimensionar en forma plural y sustantiva en lo que queremos como nación.
Es el momento de buscar consensos, convivencia pacífica, civilizada, propia de una sociedad madura, voces que expresen sus respectivos intereses de clases, esa es la construcción de la democracia.
Para ello, es básico alejarnos de la violencia verbal, y declaraciones idóneas para elevar el marco publicitario de los políticos: “hay enemigos y opositores con la intención manifiesta de dañar al país”; “los países de la retaguardia”, “los países pobres, dispuestos a seguir recetas del Fondo Monetario Internacional”; “el beso a la sortija papal efectuado por un Presidente católico en un Estado laico es un acto “íntimo”, “privado””; “los gobernantes deberían ser siempre católicos”. Ser jefe de un Estado o servidor público en general de un Estado laico, significa, antes que nada, el no imponer las creencias personales a la sociedad, sino vigilar y administrar un conjunto de leyes y disposiciones que emanan del marco constitucional.

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

Los consensos permiten florecer*

Lo esperado por una sociedad decaída, incrédula, hundida en la pobreza y en proceso de reestructuración, es lograr consensos que le permitan florecer. Uno de esos consensos es el de conformar una nueva Constitución Política, como síntesis y resultado de un nuevo pacto nacional de todos y cada uno de los intereses de clase que se manifiestan y dan cita dentro de un marco democrático; repito, como intereses de clase y no en forma individual, a oscuras o en diálogos y acuerdos a puerta cerrada. La democracia está en la pluralidad, en la manifestación y convivencia pacífica, en la libertad e igualdad en lo individual, social y político.
Empero, debe quedar claro que, en tanto esté vigente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, está se debe respetar en sus términos, y, para ello, por mandato constitucional, se encuentra la interrelación de los tres Poderes de la Unión. Es un mandato que la sociedad misma señaló en el artículo 41 constitucional, que dice: “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión”; así como, en el artículo 49 del mismo ordenamiento: “el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
Los tres poderes supeditados a cumplir con el señalamiento constitucional que, sobra decir, nace de un consenso más que de una necesidad. Recuérdese que la necesidad permite sustituir, satisfacer, más que transformar. Los consensos, en cambio, legitiman, encierran compromisos, acuerdos, interacción real entre la estructura administrativa del Estado y la sociedad que representa. Los consensos llevan a una democracia unida al Estado de derecho. Nada por encima de la Constitución. Dicho sea de paso, estos compromisos son los que nos llevan a un desarrollo social sólido, como transformación histórica, y no sólo como crecimiento estadístico para los informes presidenciales o declaraciones de prensa.
Ahora bien, en este marco constitucional, compete al Poder Judicial de la Federación el sancionar todo comportamiento antijurídico cometido contra aquello que la ley obliga (ello mediante un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, artículo 14 constitucional: nadie puede ser privado de su derecho de ser oído y vencido en juicio). ¿Qué significa lo anterior? Que el Poder Judicial de la Federación no está para hacer del derecho una bandera política, sino para aplicarlo. Ello no implica, de ninguna manera, que por ese hecho el Poder Judicial este por encima del Poder Ejecutivo o Legislativo, sino simplemente que tal poder es el garante de los principios y postulados que se encuentran inmersos en la Constitución. El que un Poder tenga la responsabilidad constitucional de aplicar la ley no debe traducirse en que, por ese hecho, está por encima de los demás poderes. ¿Es difícil entender que la Constitución en un Estado de derecho, es de consensos, y si nació de consenso encierra compromisos sociales a cumplir?
El punto esperado de una transición sería lograr los consensos necesarios para lograr una nueva Constitución Política donde todos los sectores se identifiquen y confluyan en deberes, derechos y obligaciones. Una constitución de todos y para todos, que no sea ni de un solo partido, ni de un periodo sexenal; una constitución que dé estabilidad política, credibilidad y gobernabilidad. Una Constitución que cuente con su parte “dogmática” y “orgánica”, una visión de Estado social y de derecho. La sociedad mexicana tiene derecho a construir su propio Estado de derecho. ¿No es ese el principio de derecho internacional que se conoce como el "derecho a la libre determinación de los pueblos”?

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

Transición y comunidad indígena*


En un proceso de transición la comunidad indígena cobra especial importancia; el Estado tiene la responsabilidad de proporcionarle protección jurídica y permitir su desarrollo conforme a su organización y sabia forma de ver la vida. Asimismo, en este proceso la sociedad mexicana en su conjunto debe recordar que ya dejamos de ser un país predominantemente rural, ahora el predominio es urbano. Ahora, excluidas las autopistas, todo es un conjunto de calles. Cuarenta o cincuenta casas divididas por una calle principal. Que la historia no se repita. No tuvimos la capacidad de hacer del campesino un agente productivo, solamente se les dio la tierra como quien obsequia un pedazo de pan. Ahora el campesino ha creado su propia ciudad, hagamos de él un agente productivo.
Mas es inútil hablar de consensos, en tanto se tenga a un gobierno que se mienta a sí mismo; que asuma la palabra de redentor y fomente arbitrariedad y violencia. Es inútil hablar de consensos mientras se tenga un gobierno que va por acuerdos. Ejemplifico: sin consenso, aunque sí con acuerdos, se expropio Atenco; sin consenso, aunque sí por acuerdos, se fijó a los campesinos una dádiva de siete pesos por metro cuadrado (la dignidad tiene límites), y, sin ética, esos mismos metros cuadrados, hundidos de miseria y pobreza, el gobierno permitía revaluar, nos dice Juan María Alponte, Atenco y Voltaire, El Universal, 21 de julio de 2002, como “progreso”, en ochocientos o mil veces más el precio del tránsito de la expropiación a los nuevos poseedores. Graves y peligrosos abandonos del Estado de derecho porque hacen pensar a la gente que sólo por el terror de la violencia —“metus atrox” decían los juristas romanos— aparece el diálogo entre el poder y los hombres de la tierra. “Mala decisión”, diría Voltaire. Aprender a aprender es aprender a vivir. La marcha atrás del proyecto de aeropuerto internacional en Atento, me lleva a revivir las esperanzas de un reencuentro con los consensos para la transición de la sociedad mexicana hacia un Estado de derecho.
Retomemos el proceso de transición como una herramienta que nos permite conformar un proyecto nacional. Recordemos siempre que en un proceso de esta magnitud el problema es de consensos, no de acuerdos. Y los consensos debemos buscarlos todos desde nuestra organización e interés de clase. El trabajo que nos una debe ser el trabajo legislativo. La izquierda, derecha o centro, los partidos y sindicatos, los intelectuales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los grupos de presión, por decir algunos, se deben dar cita y presentar su voz en los foros legislativos. El proceso de transición, lo digo una vez más, le corresponde en especial al Congreso de la Unión. Es a este Poder al que le corresponde fomentar y llevar los debates nacionales, los consensos para reestructurar el Estado y conformar un nuevo proyecto nacional.
En el contexto internacional, el proceso de transición mexicana muestra en forma evidente e inevitable, su acercamiento, en mayor magnitud, a intereses norteamericanos; el reconocimiento de este hecho nos lleva a mencionar que México en su transición no tiene el problema de la disputa de potencias por su espacio de mercado. Somos un país cada vez más integrado a la economía norteamericana, crecemos bajo su sombra, directrices, acuerdos y compromisos. El mercado mexicano no está en disputa en razón de ser un mercado integrado a la economía norteamericana. Una inestabilidad nuestra produce desajustes a los acuerdos contraídos entre Estados Unidos y México, entre éste último y los demás países, sobre todo latinoamericanos. La economía mexicana está integrada a la norteamericana como variable maquiladora, como portavoz y punto de enlace con el resto del mundo. Retomemos la lección de Franz Kafka: hagamos de nuestra debilidad una fuerza.
*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

lunes, 22 de agosto de 2011

Situación sociopolítica y reestructuración del Estado mexicano*



Para Vicente López Portillo y Tostado,
con aprecio, reconocimiento y gratitud.


Las palabras siempre serán inexactas para describir la pobreza que existe en mi país; casi sesenta millones de ciudadanos pobres, sin tener en cuenta, aproximadamente, a siete millones de indígenas, hay cifras que argumentan que son diez millones, ni mucho menos a los ancianos —hombres sabios que viven en el exilio en su propio país, y mueren de tristeza con su sensibilidad y amor a cuestas—, ni a los indigentes y discapacitados, ambos, al igual que los ancianos e indígenas, relegados de la sociedad, expulsados por el mercado del capital y sin contar con una política de Estado que apoye la recta final de su vida. La cultura de los azotes para ganarse el pan; si no hay azotes, no hay pan. Que lamentable. Sobre estos últimos, es de señalar que es la sociedad civil, por medio de las organizaciones no gubernamentales, la que está llevando programas de apoyo, al margen de los aplausos, este acto se valora y aprecia, porque a pesar de que no es un acto de clase, es una actitud generosa, doliente, humana. Mudo el Poder Ejecutivo y Legislativo, los partidos políticos y los sindicatos (las organizaciones de clase), la sociedad civil se pronuncia.
Al grupo indígena le sigue el de campesinos y obreros, ambos apenas tiene para comer, para subsistir; la economía de la sobrevivencia, en cada ama de casa una actividad artesanal, en cada persona una angustia por conseguir el pan; nada lejos de este sector se encuentra la llamada clase media, o sector de clase denominado de “cuello blanco”, que amortigua, socialmente, la relación y conflictos entre los trabajadores y los dueños del capital; finalmente, están los dueños de capital, tanto aquellos que no se identifican con el capital financiero internacional, aunque no lo rechazan, como los que están integrados plenamente a dicho capital. Agrego sobre el tema a un sector más de ciudadanos mexicanos, me refiero a los compatriotas que vive en Estado Unidos de Norteamérica y que, asciende a casi veinte millones. El hambre y el desempleo los llevó a otras tierras, su tristeza e identidad se encuentra aquí pero también allá; los recursos económicos que envían a familiares generan actividades productivas regionales, dan vida, permiten que la gente coma.
Son tan pocas las personas a las cuales les tiene sin cuidado el hambre, que bien podemos decir, que es el país en su conjunto el que día a día le levanta para luchar por obtener un pedazo de pan, lucha seca, silenciosa, cuerpo a cuerpo, a muerte. Las teorías se desploman ante la realidad, igual que la esperanza ante un México pobre, con un enorme desempleo, altos índices de criminalidad, niveles de desarrollo científico y tecnológico nada envidiables, y, para redondear, analfabeta (seis millones de analfabetas para el 2002. Dato escalofriante, pero no único, están también, para ese mismo año, los siguientes: quince millones sin primaria, y once millones sin secundaria.
Agréguese a lo anterior, la existencia de un Estado despreocupado por enfrentar los conflictos que produce la reproducción de capital y la clase social que no es dueña de los medios de producción, los asalariados sea en su carácter manual o intelectual; de un Estado que se preocupa por fomentar una democracia de seda, una democracia “festiva” donde se manifieste el individuo como individuo, más no el individuo como clase. De continuar con este círculo ¿cómo aspirar a un estado de derecho? Un Estado que con el hambre de este pueblo abona algunos compromisos de la deuda externa, pero no se piense que con ello se paga. La deuda externa nunca se pagará, precisamente porque así como está planteada es impagable, o, dicho de otra manera, esta estructurada para ser pagada infinidad de veces.
Sin embargo, pese a todo, la nación vive, busca una y otra vez su rostro; grita desde el subsuelo su amor por esta tierra, sabe que las teorías y los métodos son herramientas que no tienen la última palabra, que es el conjunto de personas, ancianos, niños, jóvenes, sectores sociales organizados en los cuatro puntos cardinales, sindicatos, partidos políticos, poetas, escritores, intelectuales, científicos, militares, y tantas y tantas semillas sembradas en esta tierra, los entes determinantes para conforman una sociedad, reestructurarla, rehacerla en todas sus líneas, leyes e instituciones. No hay nada por encima de un sentir nacional. El destino de la nación está en el sentir nacional.

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

Integración sin excluyentes, el sentir nacional*


El sentir nacional manifiesta una actitud de cambio y transformación; de búsqueda, comunión e integración sin excluyentes; está también, por mantener la soberanía nacional, al mismo tiempo que compartirla, mediante un pacto internacional. Si hay soberanía nacional fuerte, entonces también puede coexistir una soberanía compartida, caso contrario, los pactos internacionales, la soberanía de un gran Estado internacional, puede absorber, determinar y anular, la soberanía de los Estados locales o regionales. Esta idea aplica en todas las aristas de la vida nacional; para ejemplificar, pregunto: ¿cómo estar por tratados de libre comercio si nuestro comercio es débil?, ¿cómo por una Constitución de Norteamérica si nuestra Constitución Política requiere reformas sustanciales, he inclusive, el país exige una nueva Constitución?, ¿cómo estar por acuerdos internacionales en derechos humanos si internamente, se vive la exclusión de los satisfactores mínimos humanos de casi todos los sectores sociales?. Caso evidente es el indígena —estorbo y vergüenza del Estado—, el cual, así como en otros tiempos se intentó eliminar mediante procesos de colonización y exterminio, recuérdese, cito las palabras de una investigadora del Colegio de México que escribió un libro dramático y conmovedor, un exhorto a la memoria, intitulado México descalzo, me refiero a la historiadora Romana Falcón, ella dice al referirse a los indígenas, a los grupos étnicos en general, El Universal, 28 de octubre de 2002, que “hace 120 años en México hubo una abierta y brutal campaña de exterminio contra los grupos seminómadas del norte del país, por cuyas cabezas el gobierno pagaba 130 pesos y un poco menos si se trataba de una mujer o un niño”. Otros ejemplos de este tipo de procesos, continúa la historiadora Falcón, es el que se ejerció contra los comanches, los apaches y los mayas en la guerra de castas a mediados del siglo XIX. Ahora, se intenta nuevamente desconocer su cultura, su cultura que es parte de nuestra cultura, se intenta otra vez el exterminio de los grupos étnicos de mi país. ¿No basta que estén viviendo en nichos ecológicos, en las entrañas de selvas o desiertos?.
Regreso al punto, considero que el sentir de la nación está por una reestructuración integral del Estado mexicano para establecer un real Estado de derecho. Está por la búsqueda de consensos y no por acuerdos grupusculares, de elite; acuerdos mezquinos, de café y fines personales. Para lograr consensos, veo como única posibilidad la participación activa del Congreso de la Unión, un Congreso que vea de frente la historicidad de los problemas, la dinámica de nuestra formación económico social y promueva trabajos legislativos, palanca de apoyo para lograr consensos, transformaciones, reestructuraciones.

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

Reestructuración o reforma de Estado*

Se han conjugado las condiciones socio-económicas y políticas en México que nos llevan a plantear más que una reforma de Estado, una reestructuración de éste; de ahí la importancia de asumir una actitud responsable y consciente, como agentes históricos que somos, sobre la hermosa e irrepetible situación histórica que vivimos. Reformar implica hacer adecuaciones a programas e instituciones sin encerrar consensos de la mayoría de la población, para ello, se requiere solamente del acuerdo de pequeños grupos de poder. Reformar se traduce en ajustar “tuercas”, sin su correlato, la legitimación del ajuste; implica rehacer o modificar, en forma gradual, lo que la sociedad ya no quiere; corregir conductas sin modificar su esencias.
Reestructurar, en cambio, significa modificar la médula, el centro y fondo de algo, sea “obra, disposición, empresa, proyecto, organización” o Estado; significa retomar la historicidad del Estado para transformarlo en un Nuevo Estado. Reestructurar se traduce, por tanto, permítaseme citar la idea que al respecto expuse en mi libro Sociedad, política y derecho en un marco globalizador, en la redefinición de un proyecto nacional sin exclusiones, el reordenamiento de los integrantes de una sociedad de acuerdo a un nuevo pacto nacional y marco jurídico que lo contenga, la conformación de un Nuevo Estado de derecho, el redimensionamiento de las funciones e instituciones que conforman cada uno de los Poderes de la Unión, de los niveles de gobierno. Significa la posibilidad de un reencuentro de nación, de un desarrollo nacional. Sociedad y economía no deben estar disociadas. Sociedad significa pluralidad, desarrollo democrático, educación, cultura, identidad.
Como vemos, no estoy en la postura de reestructurar por reestructurar; estoy por una reestructuración del Estado con sentido, proyecto nacional, desarrollo interno, pero, al mismo tiempo, con capacidad de adecuación y respuesta al desarrollo globalizador en este principio de milenio.
Es claro que una reestructuración integral, como la anteriormente referida, está lejos de llevarse a cabo si se implementan políticas públicas, reformas, adiciones o expedición de leyes, alejadas de la dinámica social de la mayoría de la población; téngase en cuenta que la dinámica social va mucho más adelante que las leyes, la sociedad determina a las leyes mediante acuerdos o consensos y por conducto de las instancias que la misma sociedad ha elegido. Cuando la sociedad no reconoce a las leyes, nos encontramos ante una gran posibilidad de propiciar gérmenes de ingobernabilidad, corrupción y anarquismo, tanto del actuar social como del mismo gobernante; más aún, si, como la evidencia empírica lo demuestra, se propicia que sin contrapesos políticos o sociales se establezcan políticas restrictivas en lo presupuestal, económico y fiscal, seguidas de acciones intimidatorias como son la de cortar cabezas y atar la boca.
En este punto se debe tener claridad extrema, entre otras cosas, porque el derecho en un proceso de transformación cualitativa de una formación económico-social, permite concretar y legitimar decisiones sociales, lo cual se traduce, primeramente, que en una circunstancia como la señalada el derecho se construya prácticamente al mismo tiempo que el o los consensos a los que han llegado, esperan o se comprometen arribar, los grupos, clases o sectores de clase; y en segundo lugar, que en este contexto el derecho formalista o axiomático se torna insuficiente, de la misma manera que el derecho positivista, ello en razón de que en él la acción, el acto social está disociado de la norma jurídica; la ética disociada de la norma. El derecho positivo es un conjunto de leyes, reglas de aplicación mecánica y análisis previo de la conducta humana; es una codificación de derechos y obligaciones, de consensos que en otro tiempo se llevaron a cabo. El derecho positivo, una vez establecido como tal, conforma una lógica jurídica propia y se convierte en indispensable disciplina (herramienta que puede llegar, incluso, a juzgar en forma previa el hecho jurídico, o más todavía, juzgar tal hecho sin necesidad de estudiar su esencia, de ir al fondo que lo propiciaron) para mantener una determinada formación social, un específico Estado de derecho.

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

¿Es posible que la sociedad se desconozca en sus leyes?*


Difícilmente se puede llevar a cabo una reestructuración integral cuando la sociedad ya no se reconoce en sus leyes, y el Estado en lugar de invertir en su economía y generar consensos, se pronuncia por establecer políticas restrictivas e intimidatorias. Situación grave, tensa. ¿Es complicado entender que en estos momentos a la mayoría de la sociedad mexicana ya no le importa verse reflejada en sus leyes, ni quedarse sin comer un día más, de hecho, día a día se levanta buscando ganarse el pan, sobrevivir? Los fenómenos sociales han desbordado los parámetros jurídicos. Esta mayoría requiere fuentes de trabajo, desarrollo social, transformar su economía informal, generada, por sí misma, para sobrevivir; requiere transformaciones cualitativas no simples reformas o actos cíclicos, de otra manera lo mismo. Requiere dueños de capital que inviertan en sectores productivos nacionales y, de esta manera, se recuperen los plantíos de papaya, café o azúcar, entre otros. Esta mayoría requiere de un sector nacional que le encauce en su potencialidad y por medio de un Estado democrático y de derecho. Rechaza la desnacionalización de la economía mexicana.
Sobre el particular, me atrevo a recordar aquí las siguientes palabras, válidas en nuestros días, de Mariano Otero al referirse en su Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República mexicana, a los sentimientos de la nación en un periodo de gestación de independencia: “la miseria de la nación consiste en que una gran parte de los objetos de su consumo los recibe del extranjero y en que no hay equilibrio entre los efectos que toma de éste y el producto de los giros que le ministran los artículos de cambio”; líneas después, agrega: “He aquí a la república. No me extenderé en manifestar el resultado de esa fisonomía: la imperfección de las relaciones sociales de un todo sin armonía, sostenido únicamente por el atraso general de la sociedad: la fragilidad de esta obra, en la que la parte material progresaba todos los días destruyendo el arreglo moral, sin que éste tuviera recursos para ir ganando el terreno que perdía, es una cosa tan patente que no merece ser detallada. Preciso era, pues, que ese conjunto de elementos heterogéneos, que ese edificio sin bases, por todas partes combatido, sufriese grandes conmociones, y la primera de todas, la más natural y sencilla y la que debía venir primero, era la de la emancipación”.
La lucidez de Otero adquiere plena precisión y actualidad, al recordarnos que “este sentimiento de independencia, tan natural al hombre y que es mayor mientras la sociedad está más atrasada, debía ser la primera inspiración de este pueblo. La clase más numerosa, la excluida de todos los beneficios sociales, la que sentía sobre sí el peso de la injusticia y la opresión, y en cuya mayor parte existían profundos recuerdos de odio y de venganza, estaba sin duda en extremo dispuesta a lanzarse a una lucha que su valor salvaje y la miseria de su vida no le hacían temer, puesto que veía en ella la ocasión lisonjera de vengar sus agravios y de mejorar de condición…”
La miseria en México se agudiza cada vez más. Es el momento de reestructurar las aristas del Estado teniendo en cuenta la pobreza nacional, el sentir nacional. El Nuevo Estado hay que construirlo y no precisamente por medio de buenas intenciones, besos en la sortija pontificia, golpes de pecho y afanes publicitarios. La ciudadanía está preparada para llevar a cabo trabajo político, trabajo legislativo; está preparada para construcciones auténticos consensos sociales entre grupos, clases y sectores de clase.
Recalco la idea, la sociedad mexicana no está por una reforma de Estado sino por una reestructuración de éste. Una reforma revitalizaría la estructura de gobierno pero agudizaría los problemas a mediano plazo, precisamente porque la sociedad ya no le interesa revitalizar algo que ya no quiere. La sociedad está por un reencuentro como nación, por un nuevo proyecto nacional, por un Nuevo Estado: vigoroso, floreciente en su economía, democracia y sistema jurídico. Digo lo anterior, por supuesto, sin cuestionar el trabajo que está llevando a cabo la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, el cual veo como un primer gran acercamiento cerio para responder al sentir nacional, es el paso previo para que, posteriormente, hablemos de una Comisión Espacial para la Reestructuración del Estado mexicano.

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.

¿Qué se requiere para reestructurar al Estado mexicano?*

Dadas las condiciones económicas y políticas de México, en estos momentos lo que se requiere para llevar a cabo modificaciones de fondo en la estructura del Estado es voluntad política y olvidarse de confrontaciones; se requiere una actitud perseverante, tolerante, prudente; un mando desterrado de prejuicios y firme en un punto al horizonte: lograr la cohesión de los diversos intereses sociales con el objeto de conformar y consolidar un nuevo pacto y proyecto nacional.
Por otra parte, es indispensable elaborar un plan de trabajo legislativo a nivel federal, estatal y municipal, lo cual implica trabajar sobre un nuevo federalismo y comportamiento de Estado; asimismo, es de capital importancia efectuar un estudio objetivo sobre nuestra formación económico-social, un estudio donde las estadísticas no sean un festín tecnocrático para alimentar el ego, sino un instrumento de apoyo que permita valorar la dinámica social, su comportamiento histórico, dialéctico, de transformación y cambio; la sociedad integrada por instancias de poder de clase, por su sentido y pertinencia de clase, pero sin perder su individualidad e identidad.
Un estudio así va más allá de mostrar los comportamientos populistas, progresistas o de derecha que presenta el Estado mexicano; comportamientos que realmente influyen muy poco en la esencia de reproducción de capital, quizá, solamente, proporcionan un determinado énfasis sobre el discurso gubernamental que acompaña la reproducción de la ganancia en una específica situación histórica. Esto último, lo podemos constatar mediante el arribo al poder en el año dos mil de un gobierno plenamente de derecha, la “derecha más pura que ha tenido la historia de México”, cuya particularidad es la incorporación al poder de un sector de capital nacional identificado plenamente con el capital especulativo en el marco internacional. De ahí las pugnas entre los mismos dueños de capital. Empero, recuérdese siempre, que su debilidad es su unilateral y ausencia de consensos, y a lo anterior le acompaña el hecho de que a la derecha mexicana le acompaña la demagogia, el clero y el convencimiento de que el pueblo de México, las personas indígenas, campesinas, obreras, me refiero a la gran mayoría de la población, es un conjunto de ánimas en pena, de seres incultos que requieren de la voz del padre para vivir y hacer, para poder ser. Equivocación de fondo, a menos que partamos del supuesto teórico y objetivo central de que, es a través de la elite del poder como se logra la grandeza de una nación.
Regreso al punto de la burguesía nacional, de aquélla que está por el desarrollo productivo nacional. Al respecto coincido con Jesús Reyes-Heroles G. G, en el sentido de que, efectivamente, es necesario recuperar al empresario nacional si realmente México desea crecer (Necesario, recuperar al empresariado nacional, El Universal, 4 de octubre de 2002); él nos dice que “como en todo país, en México el empresariado es un grupo heterogéneo. Unos están vinculados con firmas chicas y otros con grandes; co-existen empresarios nacionales y extranjeros, muchos de ellos insertados en el círculo de las multinacionales. Se entreveran empresarios jóvenes con otros de edad madura. En todo caso, la gran mayoría comparte un sentimiento de que su función es entendida por un porcentaje pequeño de los mexicanos, constituido básicamente por ellos mismos. De los reconocimientos que existen para empresarios que destacan, muchos son de ellos para ellos y pocas iniciativas del gobierno o de otros sectores de la sociedad. Para volver a crecer México necesita recuperar a su empresariado nacional. Pero esto no sucederá de manera espontánea. Se requiere que los mexicanos adquiramos conciencia de esta urgente tarea y actuemos en consecuencia. Hasta ahora es poco lo que el país está haciendo para recuperar y consolidar su empresariado. Es paradójico que el gobierno actual, que se autodefinió como de empresarios, por empresarios y para empresarios, no haya logrado articular un discurso convincente y una estrategia efectiva que aglutine a este sector a su alrededor.”
Efectivamente, no se ha logrado conformar un discurso convincente, sin embargo, sí una atmósfera propicia para la reproducción del capital especulativo, sin ética; es decir, del capital “parásito”, burocrático, portavoz de la economía oligárquica, sobre todo bancaria, a nivel internacional. El dominio de las corporaciones económicas internacionales imponiendo, desde el poder y en beneficio del poder, políticas de “financiamiento y desarrollo para Estados locales” que empobrecen cada vez más. Acuerdos de grupos de poder que como zopilotes en el desierto llevan a cabo la negociación de lo que les corresponde de la presa, de los fraudes, negocios y saqueos acordados. La falta de moral de las corporaciones capitalistas internacionales y los sectores económicos locales y de poder que las auspician. Obvio es decir, que el empresario más afín a este tipo de reproducción es el que, en estos momentos, mayor ganancia tiene. ¿Es difícil entender la importancia de propiciar una reproducción de capital donde esté presente en el bienestar de la sociedad, la búsqueda de minimizar la brecha desigual en la distribución del ingreso de la economía mexicana?

*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.