Defensa pública de los migrantes, un tema en la mesa
Genaro González Licea
El derecho de los migrantes debe cambiar radicalmente en el mundo entero.
Una nueva perspectiva se impone. Las balsas, vagones y contenedores que
transportan en la clandestinidad a los miles y miles de emigrantes son el
síntoma más claro. Lo confirma la carne cruda, desgarrada, que cuelga en los
alambrados de púas, cercos diseñados por una mente criminal que se confunde con
lo espeso de la muerte. Medida desquiciada que no entiende que el migrante es
igual de humano que nosotros y, por lo mismo, si lo dejamos en el abandono,
dejamos, al mismo tiempo, una parte muy nuestra.
Los migrantes son el efecto de la miseria, de la
pobreza, del marco globalizador, unilateral desde siempre, que ha llegado a su
franco agotamiento. Su crisis es tal que ya le es imposible modificar, desde su
propia lógica de acumulación, los efectos generados por la brutal exploración de
capital practicada de los años ochenta a nuestros días.
Repito, los migrantes son
un efecto de la explotación del trabajo y del abandono de los Estados nacionales
de políticas educativas y, en general, de una justa distribución de ingreso. Lo
he dicho muchas veces y no me canso si lo digo una más: de qué sirve que un
país, como el nuestro, crezca económicamente, si ésta situación no se refleja
en una equitativa distribución del ingreso y, al mismo tiempo, en el cambio
social requerido. Unos, los menos, se enriquecen, otros, los más, se ven condenados
a vivir un día con hambre y otro día también. La lucha cotidiana de buscar el
pan y la sal hasta la muerte.
Las grandes potencias, entre ellas, el grupo de los
ocho países más industrializados del planeta, el G8, lo saben perfectamente. De
ellos el Reino Unido ya inició su recomposición de mercado interno, le seguirá,
según observo, Estados Unidos. Fortalecer la economía nacional, en resumidas
cuentas, será la tónica de las políticas de los países económicamente
dominantes en las próximas décadas y, en calidad de consecuencia, también de
los menos desarrollados.
En este esquema,
efectivamente, las personas extranjeras que nos ocupan son uno de los efectos
de la brutal concentración del ingreso, una manifestación de la crisis
económica mundial que vive no solamente Europa, sino África, Asia, el
Continente Americano en todo su largo y ancho, y Oceanía. Recordemos de este
último el estancamiento económico de varios de sus países y, en particular, la
recesión de Nueva Zelanda hace apenas un par de años.
La migración masiva, en
resumidas cuentas, es un producto del hambre, de la educación destartalada y de
la rota esperanza de vida generada por la dinámica de la reproducción del
capital mundial, hoy en evidente crisis. Si hay certeza en lo anterior,
entonces, que un país construya vallas para mostrar su poder e incapacidad de
resolver problemas como los que aquí se comentan, de ninguna manera, me parece,
significa dejarlos en otro país para que éste los resuelva y, mucho menos,
olvidarse de ellos en su propio territorio. Así como la economía fue global,
así también deberán de ser las políticas para resolver sus efectos producidos.
Es evidente que ya no hablamos única y
exclusivamente de los migrantes que, como almas en pena, transitan sin rumbo
fijo. Hablamos también de segundas y terceras generaciones radicadas en un
determinado país, con raíces propias y entrelazadas. Tradiciones de allá y de
acá, cultura única y plural al mismo tiempo. Ninguna persona en su sano juicio
se atrevería a desconocer un tema tan importante como el que nos ocupa.
Cualquier región del mundo puede
fijar programas para apoyar a personas emprendedoras, sean migrantes a secas, o
migrantes de primera o segunda generación. Esfuerzo éste que sería coyuntural
de no acompañarse con modificaciones en la normatividad de la materia y, como
correlato, en la instrumentación de justicia, en el proceso operativo de la
norma. De ahí, precisamente, las modificaciones legales iniciadas en mí país en
cuestiones migratorias y de refugiados, mismas que recogen los estándares nacionales
e internacionales de protección reforzada, repito el concepto, de protección
reforzada, a sus derechos humanos.
Ejemplo de ello es la modificación al artículo 112
de la Ley de Migración, con la cual se pretende proporcionar mayor protección y
seguridad jurídica a los indocumentados, más todavía si éstos son menores de
edad. También están los ajustes, uno, a la Ley General de Asentamientos
Humanos, sobre todo en la parte correspondiente al ordenamiento del territorio
nacional y al desarrollo urbano y, dos, a la Ley de Planeación. Sin faltar,
evidentemente, los convenios, acuerdos y protocolos necesarios.
Modificaciones todas ellas que, en un considerable
porcentaje, son producto de la firmeza con la cual los operadores de justicia
han resuelto los litigios puestos a su consideración. Actitud con la cual,
dicho sea de paso, cumplen con el mandato constitucional de proteger,
garantizar y fomentar los derechos humanos de las personas migrantes. Al
respecto, las sentencias son públicas y están al alcance de todos.
Seguramente, muchas reformas más
acompañarán a las ya citadas, una de ellas, supongo, referirá que toda
autoridad o empresa que tenga conocimiento fehaciente de que una persona o
grupo de personas está o están como migrantes en el país, deberá, además de
respetar sus derechos fundamentales, dar aviso de dicha situación a la
institución competente del Poder Judicial de la Federación, ubicada en la
Ciudad de México o en la Entidad Federativa correspondiente. Ello a efecto de
que ésta designe a un asesor público que oriente, proteja o defienda los
derechos humanos de la persona o grupo de personas en cuestión y, previa
voluntad de las mismas, gestione su legal estancia en el país ante la instancia
para ello establecida.
En el entendido de que para asegurar
una defensa adecuada y protección jurídica de calidad, dado el caso de que la
persona o personas en cita no hablen o entiendan el idioma español, el asesor
público, que será un profesional en derecho, también deberá contar con el
reconocimiento oficial como intérprete o traductor del idioma requerido.
Si las personas migrantes se
localizan en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto
Nacional de Migración, éste, sin demora alguna y previa voluntad de la o las
personas extranjeras, deberá dar aviso, además de los consulados respectivos, a
dicha instancia competente del Poder Judicial Federal, para que ésta implemente
las acciones conducentes.
Como secuencia lógica, me
parece, es probable que se agregue que, dado el caso que un operador del Poder
Judicial referido, en su juzgado o tribunal, se percate de un desequilibrio
procesal hacia un migrante, a fin de cumplir con su obligación constitucional
de garantizar su protección jurídica y sus derechos de igualdad ante la ley y a
no sufrir discriminación alguna, deberá designar, de oficio, al asesor público
correspondiente, más todavía si se trata de menores o inimputables que tengan
alguna discapacidad.
Posiblemente sea un sueño lo
que digo, pero, de verdad, me parece urgente que una norma resalte que
tratándose de migrantes el punto fundamental y prioritario es el respeto de sus
derechos humanos. Ello es así, porque sus derechos, como bien lo dicen Pablo
Ceriani Cernadas, Diego R. Morales y Luciana T. Ricart, en un artículo conjunto
sobre migrantes, “no se deducen de una pertenencia nacional determinada, antes
bien, deben analizarse a partir de los distintos niveles en las obligaciones de
respeto, protección y garantía de los derechos humanos que deben cumplir los
Estados con relación a todas las personas que se encuentran bajo su
jurisdicción”.
En este sentido, los remarco,
es indispensable revertir las inercias con las cuales se ha ubicado el actuar
de los migrantes en el país. Dicho de otra manera, es necesario revertir que única
y exclusivamente es el documento el que determina, entre nosotros, tanto su situación
jurídica migratoria, como su condición como persona que es. Cuestión muy
alejada de la realidad, ya que a un extranjero le asisten un conjunto
indeterminado de derechos humanos, de la misma manera que a los nacionales, que
están contenidos implícita y explícitamente en nuestra constitución.
Si la constitución ya los
contiene, es la ley la instancia de concreción y el medio idóneo para propiciar
dicha reversión. Además, ya en este proceso, partiendo de la base de que las
personas que nos ocupan carecen de documentación migratoria que justifique su
estancia en el país, es momento de reconocer, seguido a ello, los engorrosos y poco
difundidos procesos administrativos para los migrantes y, lo que es más
importante, la inexistente asesoría pública especializada para defensa y
orientación a este grupo en un proceso administrativo que comprenda notificaciones,
requerimientos, comparecencias, recursos y defensas judiciales en general.
Lo anterior, por supuesto, es
susceptible de ser mesurado, pues la defensoría pública mexicana, como
institución gratuita de servicio de defensa y asesoría, siempre ha estado
presente. Sin embargo, para el caso específico de protección a migrantes, ésta
carece, hasta el momento, de una estructura especializada para atender la
totalidad del servicio requerido.
Insisto, es necesaria una ley
que permita la protección inmediata de los migrantes, bajo el principio de
pleno respeto a sus derechos y no sujetar un apoyo jurídico al documento que
éstos tengan o deban tener. Protección que se verá custodiada por el actuar
gratuito de la defensa y asesoría competente del Poder Judicial de la
Federación.
Por otra parte, es necesaria
y conveniente la intervención, por ministerio de ley, de este Poder en los
procesos administrativos que tengan que ver con la detención o situación
irregular de migrantes. Un migrante, para definir su situación jurídica, no
puede estar supeditado al documento migratorio, sino, en general, al conjunto
de derechos humanos que le asisten, por decir algunos, a la educación,
vivienda, salud, defensa adecuada, ejercicio de su profesión u oficio, y a un trabajo
digno.
Sería inaceptable en el
sistema jurídico mexicano que una persona migrante sea detenido por la
autoridad sin previa notificación y, menos aún, que a dicha persona se le
inicie un procedimiento administrativo sin el respeto a sus derechos
fundamentales, ya que éstas, además de tener los mismos derechos que cualquier
ciudadano nacido en mi país, por su misma condición de vulnerabilidad, tienen
derecho a una protección reforzada.
En el caso mexicano, los
migrantes tienen todos los derechos que reconoce nuestra constitución y los
instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Congreso de la Unión,
por mencionar algunos, tienen derecho a la nacionalidad, libre tránsito,
seguridad jurídica y debido proceso, atención consular, a no ser discriminados
y al asilo y refugio. Asimismo, a la protección de la unidad familiar, a la
dignidad humana, a no ser criminalizado, a ser alojados en una estación
migratoria, a un alojamiento digno, a no ser incomunicado, a un traductor, a no
ser detenido en albergues, a la hospitalidad del Estado y a la solidaridad
internacional.
Tienen derecho a la
diversidad cultural y a la interculturalidad, dicho de otra manera, tienen
derecho, cito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “a manifestar
libremente su cultura y tradiciones, siempre y cuando no vulnere derechos
humanos o cometan delitos con tales conductas. Además, tiene derecho a
propiciar la interculturalidad, esto es, interactuar con personas con culturas
diferentes a las suyas, a efecto de lograr canales de comunicación que
favorezcan la interacción respetuosa y armónica entre los grupos”.
En este contexto, comparto
lo expresado por Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, cuando remarca que solamente un miope de la realidad se atrevería a señalar “a los migrantes como
el origen de muchos males, sin querer darse cuenta de que también son fuente de
enriquecimiento social y cultural de cualquier nación” y, por si fuera poco, a
renglón seguido se compromete a impulsar un grupo especial que, desde la
asesoría, les defienda y proteja.
Se entiende que dicho grupo
permitirá al Poder Judicial de la Federación, a sus operadores de justicia,
cumplir, de una mejor manera y en todo el territorio nacional, con su
obligación de otorgar el servicio de la asesoría pública a este grupo de
personas extremadamente vulnerable. Acción que exige aristas novedosas de
atención que permitan proporcionarles una real y efectiva defensa adecuada.
Esto es importante entenderlo así, pues las personas
de las que hablo de ninguna manera deben ser concebidas solamente como aquellas
que se localizan en un campamento o en los llamados corredores de la muerte,
sino, además, deben comprender a todas aquellas que trabajan e interactúan
socialmente, como lo hace todo mexicano, pero en condiciones extremadamente
desprotegidas o desfavorables, social y legalmente. Nadie desconoce que en todo
el país y en forma desfavorable, los hombres y mujeres migrantes trabajan y
luchan, por decir algunos conceptos comunes, por su comida, servicios de salud,
esparcimiento y educación para sus hijos.
En resumidas cuentas, una de
las cuestiones básicas a tener presente en las palabras del presidente de la
Corte, es, me parece, el alcance del compromiso contraído. Entiendo que lo
dicho por él no es coyuntural ni propio de un discurso para salir del paso. Es
una acción mediante la cual se espera enfrentar un problema nacional, como es
el tema de la migración, que estadísticamente hablando encierra un gran
significado y, por si fuera poco, de ser atendido en forma inapropiada,
generaría una alta posibilidad de descrédito en la institución pública que
proceda erróneamente a enfrentarlo.
La defensa pública de los migrantes,
efectivamente, es el tema que está en la mesa. El
problema se ha desbordado. El “pollero” aquél de los años cincuenta es ahora
una anécdota de niños. Ahora son miles y miles de migrantes y la muerte una
real amenaza pegada entre sus pasos.
De ahora en adelante, sería
lamentable que alguna institución del Estado participe o de plano lleve de la
mano a los migrantes por el camino de la clandestinidad, el anonimato o un
sitio de descanso permanente como puede ser la fosa común donde está enterrado
mi país.
Basta ya de que a los migrantes se les vea como una
mercancía, y que la delincuencia organizada o los grupos traficantes de personas,
lucre con su desesperado estado de pobreza, su falta de desempleo e ilusión de buscar
un espacio donde su familia coma y disfrute de lo mínimo e indispensable que
tenemos todos. Basta de silencios y medidas que puedan fomentar la
discriminación de los migrantes dispersos en todo el territorio nacional y,
coyunturalmente, ubicados en campamentos y rutas clandestinas.
El tema de asesoría pública a migrantes está en la
mesa. El legislador y el área competente del Poder Judicial de la Federación
tienen la palabra. Por lo pronto un nuevo día se vislumbra: una unidad especial de asesoría, defensa y
protección a migrantes y personas vulnerables.
*Pendiente de publicar en Congresistas,
periódico bimensual.
