Genaro González Licea
El feminicidio en mi país es un tema que permea el inconsciente
colectivo, es una desarticulada forma de ser que me recuerda las pinturas negras de Goya, atmósfera de
aconteceres físicos y mentales en las zonas boscosas de nuestro interior vacío.
Pensamientos oscuros, nocturnos, dibujados todos con nuestra propia aguatinta
de absurda supremacía y dominio dictatorial sobre el entorno femenino.
En particular, me recuerda
el disparate desenfrenado, doblez amoroso
donde predomina el fondo diluido, enfermo, de un yo subterráneo expresado, al
fondo, mediante la imagen de una rata devorando a una mujer. El feminicidio
representado en su plenitud y, al mismo tiempo, una de las razones del porqué la
rebelión histórica de la mujer en contra de las injusticias y falta de
reconocimiento como persona que es en una sociedad machista, de la cultura
fálica de la violencia sexual y el dominio del hombre.
Nada justifica que se discrimine a la mujer por
el simple hecho de serlo. Su dignidad humana es igual que la de cualquier
persona que vive en éste planeta. Respetarle es un derecho y un deber que le
asiste.
Sin embargo la realidad es otra. Manifestaciones
de indignación por delitos cometidos contra la mujer, siendo uno de ellos el
feminicidio, se presentan diariamente en todo el país. Unas abiertamente toman
las calles y rompen el silencio con esa rabia e impotencia históricamente
acumulada, otras lo hacen desde sus hogares, desde ahí levantan la voz con el riesgo,
por supuesto, del golpe encima. Lo hacen en cada casa, en el lugar donde en
silencio muerden el dolor de las vejaciones, malos tratos, violencia física y
verbal. Lo hacen en ese lugar donde nunca se pierde la esperanza del regreso de
la persona desaparecida, el regreso del hospital de la mujer golpeada. Lo
hacen, sí, en ese lugar donde, en la mayoría de los casos, está la amenaza de
no hablar ni denunciar los hechos de violencia y discriminación en contra de
ellas.
La autoridad ha sido
rebasada. Ante este problema tan grave responde una y otra vez con
declaraciones políticas que ya nadie cree, posiblemente ni ellos mismos, pero
están ahí y algo tienen que decir, cuando tal vez, lo mejor es callar, respetar
el duelo y renunciar con dignidad civil y pública. El discurso, “nosotros
encontraremos a los responsables y haremos que caiga en él todo el peso de la
ley”, es ya una expresión tan gastada que ya a nadie dice nada. Pero las cosas
no quedan ahí, a este discurso es común que le acompañe una reforma a la ley respectiva
a fin de elevar drásticamente la pena por violencia, malos tratos contra la
mujer, por el delito feminicidio o por el de desaparición forzada de personas. La
imagen del escarmiento ejemplar, el hombre colgado de sus propias culpas, el terror
del garrote en la mano para hacer justicia.
Por cierto, y dicho sea de paso, en este último
caso, el de desaparición forzada de personas, es tan abrumador el problema a
nivel nacional que la autoridad competente, como era de esperarse, ya prepara
la ley sobre la materia, con la idea central de crear una comisión de búsqueda,
fijar un registro de desaparecidos y atender la reparación integral a las
víctimas. Nada que no esté regulado, sin embargo, los momentos electorales, ya
no tan lejanos lo justifican, qué lamentable situación. Espero de verdad
equivocarme.
Por supuesto, y a pesar de mi observación, de
ninguna manera me opongo a tal medida, empero, ésta debe ser acompañada de
otras para tener la posibilidad de enfrentar de una mejor manera el problema.
Una de esas otras medidas a implementar se refiere precisamente al sector
educativo, pues éste es el pivote que genera el despertar de la conciencia
social, del significado e importancia que tiene el respeto humano, el respeto al
otro por el simple hecho de ser persona, sea ésta hombre, mujer, niño, anciano
o tenga capacidades diferentes. Esto es, me parece, lo que quiere decir el
marco constitucional cuando señala que es por medio de la educación como se
puede generar y contribuir a una “mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y
respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de
la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de
fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas,
de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.
Se debe, en resumidas cuentas, implementar programas
educativos que permitan revertir el problema que se vive tanto de
violencia contra la mujer como el de los miles de desaparecidos en mi país.
Medidas que deben estar acompañadas, a su vez, de programas sociales y
económicos que propicien una mejor distribución del ingreso. De no ser así, es
probable que las declaraciones políticas sigan, igual que las reformas de
artículos y promulgación de leyes de garrote y escarmiento y, por ende, de
medidas cuyo espíritu es endurecer el castigo y formar una comisión para
resolver el problema, lo cual se traduce en una medida efectiva para no
resolverlo. La política de la guillotina y el dedo divino o diabólico señalando
culpables. El problema de fondo sigue hasta que, parecería, sea la sociedad
civil la que lo enfrente.
Desde hace muchos años la
sociedad de mi país vive agraviada de tantos desaparecidos y feminicidios. En
otros artículos he dado estadísticas al respecto, datos que van y vienen,
flotan y se evaporan con gran facilidad. En el caso de mujeres asesinadas después
de haber sido agredidas sexualmente, hay organizaciones no gubernamentales que
mencionan un número de dos mil mujeres por año, otras mucho más y, la mayoría
de los casos, con una nota que les acompaña: la impunidad del delito.
Situación más que
lamentable, puesto que, la primera instancia obligada a que ningún delito
cometido quede impune es precisamente la autoridad. Recordemos que a nivel
constitucional éstas tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos. En mi país, todas las personas somos iguales
ante la ley, lo cual significa que todos tenemos el derecho a que se nos respete
nuestra integridad física y moral, nuestra honra y dignidad como persona que
somos. Empero, también por mandato constitucional y tratados internacionales
firmados y ratificados, las autoridades están obligadas a proporcionar, sobre
dicha base de igualdad, una protección efectiva a los derechos de la mujer contra
todo acto de discriminación y violencia.
En ese sentido, es de
mencionar que el tema de femicidio desde hace muchos años ha sido abordado
tanto en el marco normativo como en el jurisdiccional. En estos momentos en la
mayoría de los códigos penales de los Estados existe la referencia al respecto.
Se coincide en la idea de que se actualiza la figura jurídica de feminicidio
cuando la víctima del homicidio sea mujer y la privación de la vida se cometa
por razones de género, con independencia del sentimiento de odio o desprecio
que pueda tener la persona que lo comete, pues, en resumidas cuentas se traduce
en una violencia de género o abuso de poder del hombre sobre la mujer,
violencia que ejerce ya sea sexualmente o causándole lesiones que le llevan a
la muerte.
Dicho de otra manera, cito lo expuesto por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo
en revisión 554/2013, en el caso de muertes violentas de mujeres, las
autoridades deben explorar todas las líneas de investigación posibles,
incluyendo el hecho que la mujer muerta haya sido víctima de violencia de
género, con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido. Además, se
agrega, debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber
jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que
dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la
aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque
efectivamente la verdad. En consecuencia, todo caso de muertes de mujeres,
incluidas aquellas que prima facie parecerían haber sido causadas por motivos
criminales, suicidio y algunos accidentes, deben de analizarse con perspectiva
de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de
la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de la muerte.
De esta manera, se tiene
que por ningún motivo, razón o circunstancia, un delito cometido en este país
puede quedar impune, y menos aún, si éste es cometido en contra de una mujer.
Existe un marco regulatorio muy amplio que obliga a las autoridades a
investigar con perspectiva de género, acciones para combatir el feminicidio
como tipo penal autónomo en relación con el delito de homicidio. Falta, por
tanto, fortalecer el marco educativo e implementar las medidas sociales y
económicas que propicien una mejor distribución del ingreso.
Se debe tener muy claro que impunidad del delito
es sinónimo de tolerancia por parte del Estado y de la sociedad misma y, en
consecuencia, que una situación así a lo único que nos lleva es a un
sentimiento de desamparo, impotencia y falta de credibilidad en las
instituciones. La supremacía del hombre sobre la mujer, la violencia y
discriminación en su contra, y el feminicidio como delito, se deben desterrar
del inconsciente colectivo, para ello replantear nuestra educación y visión de
mundo es impostergable.
Pendiente de publicar en Congresistas, periódico bimensual.
