miércoles, 15 de julio de 2015

Ciudadanía y derechos humanos *


Asociaciones civiles pueden exigir
el cumplimiento efectivo del derecho a la educación

Genaro González Licea

 
* Foto: Ingrid L. González Díaz
 
Como una ciudad devastada por la guerra. Grisácea, desolada, de recuerdos en escombros idos y de un permanente atardecer. Así veo al sistema educativo de mi país. Bombardeado por prejuicios y enconos cupulares. Lecturas embalsamadas, momias aferradas al tiempo.

          Educación que permite conocer el abecedario y juntar un puñado de letras para escribir nombres y apellidos. Educación que fomenta el abandono de las aulas, la epidemia de no leer ni escribir, por lo menos, la fecha en que nació o murió el ser amado. Educación que fomenta la obesidad mental y adormece la creatividad humana.

          Así veo la educación en México, antes y después de la firma de los Tratados de Bucareli, desde la conquista hasta nuestros días. El desarrollo científico y tecnológico es letra muerta. Sin ellos, tendremos por siempre un gran país maquilador, proyectos de cascajo, cenizas de muertos enterrando muertos. Una educación grisácea como ciudad devastada por la guerra. La luz de Turner, Joseph Mallord William Turner, está tan lejana como el canal Chichester que pintó un día.

          Un sistema educativo como el nuestro, fomenta el analfabetismo en lugar de salir de él. Enseña a los ciudadanos a deletrear una historia tan lejana como la visión de los vencidos. Es el sistema de la educación perdida, sin alumnos ni ciudadanos reales. La educación del poder para el poder. El culto a la imagen, la ausencia de contenido y sentido histórico. Cambian las formas conforme pasa el tiempo. El fondo permanece intacto.

          El problema de la educación no solamente está en el profesorado y en la evaluación del mismo. Círculo vicioso que no sale del poder. Quién enseña al que enseña. Quién evalúa al evaluador. La conciencia social dirían unos, el comportamiento ético, agregarían otros.

          El problema, empero, también está en los grupos de poder, nacionales e internacionales, que impiden el desarrollo científico y tecnológico. Para ellos la razón de ser de este país es su potencial maquilador, de venta y compra de bienes innecesarios. Todo menos activar un sistema productivo propio. Cuánto vale tu peso. Dime tu nivel de educación y producción.

          En estos momentos que escribo, según la evaluación del Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, la educación mexicana requiere setenta y siete años para “alcanzar en ciencia la media de los países avanzados”. Meta lejana, lejanísima me corregirían muchos. Estamos educados para el insulto y acatar órdenes, para la intolerancia y pelear por un pedazo de pan, más que por una letra en el aula.

          Un estudiante de excelencia como somos todos al pisar por vez primera un aula, requiere también un docente de excelencia igual. Todo indica, en efecto, que a la sociedad no hay que educarla, hay que dormirla. Que sobresalgan los menos, uno de vez en cuando.

          Insisto, el problema educativo va más allá de plazas y maestros. Gremios unidos y contrarios. De inicio, el presupuesto para el sector es básicamente para cubrir sueldos y salarios, no para el desarrollo de éste. Su sistema llamado clientelar, le da la espalada a la crítica y a la creatividad humana. La reforma laboral en la materia docente, repito, reforma laboral en materia docente, apoyada por partidos y sindicatos carentes de militancia social, está lejos al menos de preguntarse ¿cómo educar a cincuenta y tres millones de pobres?, ¿cómo educar a la pobreza de la sociedad toda? Silencio es la respuesta.

          Que las plazas docentes se repartan igual que curules, constituye, en realidad, un efecto del fondo del problema. Los gremios no controlan aulas ni escuelas, sino ciudades y regiones. El poder político educativo en potencia. Los grandes sectores sociales, por su parte, educan a sus propias filas, forman sus propios cuadros. Universidades con grandes auditorios y campos de golf para estudiar cañadas y veredas, el suelo y el subsuelo sin usos ni costumbres. Las metrópolis en su apogeo. El alumno no cuenta, la formación educativa de una sociedad entera, menos.

          Sin embargo, no todo es desolación. Una pequeña pincelada del viejo Turner se aparece. Su traducción es simple. Entre las pocas luces que pueden rejuvenecer el sistema que aquí comento, está la de la misma ciudadanía y sus asociaciones civiles.
 
* Foto: Ingrid L. González Díaz
 
Es el caso de una de ellas. La que reclamó, vía amparo, la omisión de la Auditoría Fiscal de la Federación de sancionar, para determinados ejercicios fiscales, a diversas autoridades que, según la asociación civil, efectuaron un uso inadecuado del monto destinado por la federación al ámbito educativo.

          Como era de esperarse, el juez declaró improcedente el juicio de amparo, al considerar que la asociación en cuestión carecía de interés legítimo para promover dicho medio de defensa. La asociación, inconforme, pidió revisar la conclusión del juez.

          La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pronunciarse sobre el particular, revocó la sentencia recurrida y amparó a la asociación civil, pues ésta sí tiene interés legítimo para acudir al juicio de amparo en atención a su objeto social y la intervención que le otorga a este tipo de asociaciones tanto la Constitución como diversos instrumentos internacionales.

Lo anterior, continúa la sentencia, precisamente por su relación con la efectividad del derecho a la educación que implica el cumplimiento de un cúmulo de obligaciones generales. Razón por la cual es factible permitir el acceso al amparo para proteger el derecho a la educación y, de esta manera, verificar el cumplimiento de las acciones relacionadas al destino de los recursos públicos.

          Así, para restituir el goce del derecho humano que se dice violado, se debe solicitar que la autoridad demuestre la realización de todas las acciones necesarias para el ejercicio de sus facultades, o en su caso, de no haberlo hecho, para que las lleve a cabo.

          De este criterio sin precedentes (amparo en revisión 323/2014), emanan otros igual. Por ejemplo, el referente a que la efectividad del derecho a la educación está garantizada por diversas obligaciones a cargo del Estado y de los particulares.

          O bien, el concerniente a que la efectividad del derecho a la educación se encuentra condicionada al cumplimiento de las diversas obligaciones impuestas tanto al Estado como a las asociaciones civiles y, más todavía, el relativo a que estas asociaciones, a fin de acudir al juicio de amparo a reclamar el incumplimiento del derecho a la educación, deben acreditar que su objeto social tiene como finalidad verificar que se cumplan las obligaciones en materia educativa, y probar haber ejercido esa facultad. 

          Dos criterios más. Ambos se refieren, precisamente, a la Auditoría Superior de la Federación. Uno señala que entre las atribuciones que le corresponden de fiscalización de la cuenta pública en materia de educación, también comprende la de informar a las autoridades sobre la posible comisión de conductas ilícitas. El otro, por su parte, remarca las atribuciones de dicho organismo respecto de la fiscalización de la cuenta pública específicamente en el ámbito educativo.

          Agréguese a la actitud ciudadana para exigir el cumplimiento efectivo del derecho a la educación, la mostrada por una estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que impugnó, vía amparo (reasumido por la Primera Sala y pendiente de resolver), la constitucionalidad del Acuerdo del Consejo Universitario, mediante el cual se determina que a partir del ciclo escolar de dos mil catorce, los alumnos que cursaran la educación media superior y superior deberán cubrir las cuotas de inscripción o reinscripción correspondientes en sus respectivas escuelas y facultades.

          Para la estudiante el pago en cuestión violenta sus derechos humanos, pues al no liquidar el importe se produciría un daño irreparable al no poder continuar con sus estudios. La juez le concedió el amparo para el efecto de desincorporarla de la obligación de cubrir tales cuotas en los subsecuentes ciclos escolares. Inconforme el Rector de la señalada Universidad interpuso el recurso de revisión que aquí solicitó reasumir. Amparo, como dije, pendiente de resolución.

          Lo dicho, entre las instancias capaces de propiciar el rejuvenecimiento del sistema educativo mexicano está la propia ciudadanía y sus asociaciones civiles que abordan el tema. Es una opción, por supuesto, para lograr una educación donde la tolerancia no sea entendida como un caiga quien caiga, y la mesura, como un llueve, truene o relampagueé.
 
 
* Pendiente de publicarse en Congresistas, periódico bimensual.

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