Genaro González Licea**
El tema de extinción de dominio y afectados de buena fe, del cual
hablaremos el día de hoy, es, además de complejo, polémico. Entre otras cosas
porque su fuente o razón de ser es un problema social, muy delicado en nuestro
país, como es el de la delincuencia organizada.
Se anuncian, entonces, tres conceptos básicos para
acercarnos al tema: extinción de dominio, delincuencia organizada y afectados
de buena fe. Abordarlos será lo primero que haré al desarrollar el tema. Es de
comentar que en el presente escrito trataré de apegarme lo más posible a lo
resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
relación con el estudio que aquí nos ocupa. Contribuir a su reflexión es mi objetivo
central.
Concepto de extinción
de dominio
Por su importancia, me parece oportuno efectuar, grosso modo, una referencia sobre el significado y alcance de cada
uno de estos conceptos.
Se entiende como extinción de dominio el procedimiento
autónomo, la Primera Sala de la Suprema Corte al estudiar el tema, matizó esta
autonomía por autonomía relativa, pues, como se verá, la acción de extinción de
dominio en la instancia competente, juez civil, juez de extinción de dominio,
está supeditada, en gran parte, a que el juez penal emita alguna determinación
sobre la calificación del cuerpo del delito.
Decía, la extinción de dominio es un procedimiento "autónomo"
seguido ante un juez especializado, mediante el cual, previa acreditación del
hecho ilícito cometido por la delincuencia organizada, como son los delitos
contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y
enriquecimiento ilícito, respecto de determinados bienes que sean instrumento
del delito.
Por cierto, éste último delito fue agregado vía la
reforma a la fracción II del artículo 22 constitucional publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, en el contexto del sistema
nacional anticorrupción, pues forma parte de las reformas hechas a la Constitución
“construidas en dos ejes: el propio sistema nacional anticorrupción y el
sistema nacional de responsabilidades administrativas. Partiendo de una
correcta apreciación de los generalizados alcances de la corrupción, con la
reforma se otorgaron competencias al Congreso de la Unión para emitir las leyes
que permitan la coordinación de los órdenes integrantes del sistema federal
(Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios).”[1]
La extinción de dominio se implementa “sobre los
bienes, independientemente en manos de quien se encuentren. Mediante esta
acción, es preciso enfatizar, se persiguen los bienes, no las personas, en
virtud del origen ilícito de éstos y en relación con determinado hecho
delictivo”.[2]
El procedimiento para tal efecto consiste en la
instalación de un procedimiento, fijado por la propia Ley Federal de Extinción
de Domino, que “culmina con la falta de reconocimiento de la propiedad de un
bien o extinción de dominio y su aplicación a favor del Estado”[3]
De acuerdo con la citada ley, el juicio de extinción
de dominio comprende dos grandes fases, una propia del derecho penal y la otra
del derecho civil. “En la primera se acredita que el hecho ilícito con el cual
se relacionan los bienes objeto de la acción sucedió, pero no considera ninguna
pretensión en relación con la determinación de la responsabilidad penal, en la
segunda se implementa y resuelve la acción de extinción propiamente dicha. En
la primera etapa es el Ministerio Público de la Federación el único legalmente
facultado para demostrar el hecho ilícito. Se puede considerar que esta etapa
comienza con la presentación de la demanda ante el juez de extinción de
dominio. En la segunda etapa se resuelve la aceptación de la demanda y la
resolución sobre las medidas cautelares contempladas por la ley. Esta fase del
procedimiento se sustancia con base en las reglas del Código Civil Federal, y
el Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de la naturaleza real de
la acción.”[4]
Dicho sea de paso, las medidas cautelares mencionadas,
no violan el artículo 22 constitucional, en la medida que son “órdenes
judiciales que no tienen una decisión sustantiva, es decir, no constituyen,
reconocen, ni extinguen derechos, sino que simplemente tienen por objeto conservar
o asegurar la permanencia de una situación fáctica concreta, para salvaguardar
la integridad de la litis (…). De
manera que el hecho de que esas medidas cautelares tienen como efecto suspender
el ejercicio del dominio y la disposición de los bienes, no debe interpretarse
en el sentido de que suprimen el derecho real de propiedad, sino que lo
restringen provisionalmente, precisamente para prevenir que mediante algún acto
de disposición se altere o destruya el objeto de la litis, pues ello afectaría las finalidades e, incluso, la
existencia del procedimiento.”[5]
Cerrado el paréntesis, se puede decir que, en el
entendido de que las partes en el procedimiento de extinción de dominio son el
Ministerio Público como actor, el demandado que será quien se ostente como
dueño o titular de los derechos reales o personales, y quienes se consideren
afectados por la acción y acrediten tener un interés jurídico sobre los bienes
materia de la acción de extinción de dominio, el procedimiento inicia con la
presentación de la demanda por el Ministerio Público, auto de inicio de
admisión de pruebas, emplazamiento y notificaciones. Posteriormente se da la
audiencia de prueba y alegatos y la sentencia, en la cual el juez declara la
extinción del dominio de los derechos reales a favor del Estado y deja a salvo
los derechos del tercero perjudicado.
Hecho lo anterior inicia el procedimiento para
interponer recursos procesales. El pronunciamiento sobre la procedencia o
improcedencia de éstos y, en su caso, la actualización de cosa juzgada o
sentencia firme. Sucintamente, este es el procedimiento que establece la Ley
Federal de Extinción de Dominio.
Es de recordar que el artículo 22 constitucional señala
cuatro hipótesis susceptibles para iniciar un juico de extinción de dominio, y
expresa, además, que la persona que se considere afectada podrá interponer los
recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su
actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización
ilícita de sus bienes.
Las cuatro hipótesis son:
a)
Aquellos que sean
instrumento, objeto o producto del delito.
b)
Aquellos que no sean
instrumento, objeto o producto del delito pero que hayan sido utilizados o
destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito.
c)
Aquellos que estén siendo
utilizados para la comisión de delitos por un tercero.
d)
Aquellos que estén
intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para
determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia
organizada.
Tenemos así, que la acción de extinción de dominio constituye un juicio "autónomo"
o, para ser precisos, de autonomía relativa, que puede llevar a la pérdida del
derecho de propiedad específicamente de un bien o bienes,[6]
dado el acto ilícito en él cometido por parte de la delincuencia organizada.
Concepto de
delincuencia organizada
En cuanto al concepto de delincuencia organizada, es de mencionar aquí
que se entiende por ésta a la intervención de personas en un determinado delito
a título de autoría directa y material, como lo señala el artículo 13 del
Código Penal Federal.[7]
Me parece importante detenerme un momento para
precisar un concepto tan importante como es el de la delincuencia organizada.
El artículo referido señala que son autores o
partícipes del delito, entre otros, los que los realicen por sí (fracción II). Por
su parte, para la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en el delito
de delincuencia organizada se sanciona el hecho de que tres o más personas se
organicen con un fin delictivo, independientemente de que se realicen o no los
delitos que pretenda llevar a cabo la organización.
Lo anterior podría generar imprecisiones, en el
sentido de que se considera a los coautores como tales, en virtud de que
cometen el evento típico entre todos y, por lo mismo, ninguno realiza por sí
solo completamente el hecho, sino que la comisión del delito es repartida entre
todos.
Esta interpretación propició contradicción de
criterios. Contradicción que se resolvió en el sentido de que se actualiza la
autonomía de las personas frente al delito y, en este sentido, “los miembros participantes
del delito se corresponden con los fines de la organización, que exige una
actuación clara y permanente de pertenencia. Por lo cual el actuar delictivo de
las personas se da de manera instantánea y, por ende, es personalísimo al integrar
ese grupo.” [8]
De ahí, como dije, que su actuar delictivo se realiza
de forma individual, sin necesidad de división de la conducta punible, sino a
título, precisamente, de la autoría directa y material, en términos del
artículo 13 del Código citado.
Dicho en otros términos, el delito de delincuencia
organizada no solo se actualiza cuando este se lleva a cabo por dos o más
personas, sino también en forma individual.
Concepto de buena fe
Por lo que se refiere al concepto de buena fe, el cual para mí, más que
un concepto es un principio de derecho e, incluso, como una fuente del derecho
mismo, subsidiaria si se quiere, reconocido en el ámbito nacional e
internacional,[9] en
cuanto que su fuerza y contenido se sustenta en una forma de ser y actuar, en
el comportamiento ético de las personas. En la congruencia entre los actos y la
conciencia, entre la acción y la intención.
Constituye una forma de conducirse en un negocio
jurídico, sea éste contrato, pago de lo indebido, posesión de un bien adquirido
de buena fe, la cual, se presume siempre, salvo prueba en contrario. En suma,
para mí la buena fe, reconocida en el marco nacional e internacional, como
forma de conducta que es, constituye más que un concepto, un principio de
derecho.
Un deber moral calificado de social que adquiere
imperatividad y coercitividad al ser postulada como un principio de derecho en
la medida en que se transforma en regla de derecho.
Así, “la noción de buena fe en el ámbito del derecho
se presenta no sólo como un postulado moral incorporado al ordenamiento
jurídico como un principio general de derecho, sino como una fuente de derecho
subsidiaria. Una guía del intérprete en su labor doctrinal y jurisdiccional.
Una norma de conducta rectora en el ejercicio de los derechos subjetivos y en
el cumplimiento de obligaciones. Un deber jurídico. Una convicción
razonablemente fundada de que con nuestra conducta no causamos daño a otro.”[10]
De esta manera, es cierto que la extinción de
dominio tiene por objeto privar del derecho de propiedad a una persona,
respecto de bienes que son instrumento, objeto o producto de los delitos
(delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata
de personas y enriquecimiento ilícito), sin lugar a compensación, retribución
ni indemnización alguna, sin embargo, no por ello el procedimiento establecido
para tal efecto debe afectar a personas, propietarios o poseedores de buena fe.
El procedimiento de extinción de dominio, si bien no
le son aplicables los “principios del derecho penal por considerarlo de materia
distinta, no por ello está exento de que se respeten las garantías mínimas
previstas al acto de privación de su propiedad, como podrían ser las garantías
de los procedimientos civiles, incluyendo a la presunción de buena fe, que es
un principio general del derecho que está implícito en la Constitución Federal,
a fin de no dejar en estado de indefensión al posible afectado, ya que sólo
teniendo la oportunidad de desvirtuar los hechos concretos que se le imputen,
podrá demostrar su buena fe”.[11]
Razón por la cual se puede decir que el principio de
presunción de inocencia no es aplicable al juicio de extinción de dominio.[12]
Entre otras cosas, porque dicho principio es inherente al derecho penal, y lo
que pretende es evitar que se sancione al probable responsable en su persona
hasta en tanto se acredite plenamente su culpabilidad. “Sin embargo, dicho principio no es
aplicable al procedimiento de extinción de dominio, por la sencilla razón de
que, en el tema de la responsabilidad penal del sujeto activo, es autónomo de
la materia penal, cuenta habida que en aquél no se formula imputación al
demandado por la comisión de un delito. Esto es, si bien la acción de extinción
de dominio tiene su origen en la comisión de los delitos de delincuencia
organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de
personas, también lo es que su objeto –como se ha repetido con insistencia–, no
es sancionar penalmente al responsable en la comisión de dichos antisociales,
sino resolver sobre la vinculación existente entre un determinado bien
relacionado con actividades de un tipo especial de crimen, con un hecho ilícito
de las características anteriores, en todo caso, sin prejuzgar sobre la
culpabilidad del autor o partícipe del mismo.”[13]
*Foto: Ingrid L. González Díaz
* Conferencia pronunciada en la Casa
de la Cultura Jurídica “Ministro José María Ortiz Tirado” en Hermosillo,
Sonora. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poder Judicial de la
Federación, el 13 de noviembre de 2015. Su contenido esencialmente se
corresponde a la ponencia proporcionada por el autor en la Casa de la Cultura Jurídica “José Miguel Guridi Alcocer” en el
Estado de Tlaxcala, el 10 de julio de 2015.
** Responsable del Programa de Contradicciones de Tesis pendientes de
resolver en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
[1] Cossío Díaz, José Ramón, “La corrupción y sus sistemas”, El País, 2 de junio de 2015.
[2] Gluyas Millán, Ricardo,
con la colaboración de Ana Gaitán Uribe, “La extinción de dominio como
instrumento legal contra el patrimonio de origen delictivo”. Capítulo 24.
Consultado en www.inacipe.gob.mx.
[5] Tesis aislada número CXXXVII2015 (10a.), emitida por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “extinción de dominio. Los artículos 11 a 14 y 16 a 18 de la Ley
relativa para el Distrito Federal, sobre la imposición de medidas cautelares,
no violan el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”.
[6] Véase: artículo 5 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria
del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así
como, de la misma Ley, el artículo 2º referente a que para efectos de ésta, se
entenderá por bienes: “Todas las cosas materiales que no estén excluidas del
comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal,
sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación, que se encuentren
en los supuestos señalados en el artículo 8 de esta Ley”.
[7] En la fracción II del artículo 13 del Código Penal Federal, se
instruye: artículo 13. Son autores o partícipes del delito: ..II. Los que los
realicen por sí; (…).
[8] Véase: Tesis jurisprudencial número 50/2015 (10ª.), emitida por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, delincuencia organizada. La intervención de
los sujetos activos del delito, se actualiza a título de autoría directa y
material, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal.
[9] Véase: artículo 2º de la Carta de Naciones Unidas, así como en el
artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “Todo
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena
fe”. En el marco nacional la regulación de buena fe se encuentra contenida en la
constitución misma, códigos civiles, penales, leyes y normas en general, todas
ellas sean de ámbito federal, estatal o municipal.
[10] Pérez Duarte y N., Alicia
Elena, así como García Moreno, Víctor Carlos, Nuevo diccionario jurídico mexicano, Editado por Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, y Editorial
Porrúa, México, 1998, p. 422.
[11] Jurisprudencia 23/2015 (10ª.), de rubro, extinción de dominio. El principio de presunción de inocencia no es
aplicable al juicio relativo, emitido por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
[12] Ídem.
[13] Ídem.
No hay comentarios:
Publicar un comentario