Genaro González Licea
Una reforma constitucional en materia militar como la que se propone, además de fortalecer el Estado democrático, cambiaría la actitud de las fuerzas militares. Como lo he señalado en otras ocasiones, México cuenta, en realidad, con unas Fuerzas Armadas de gobierno más que de Estado.
Por supuesto, no pretendo que minimice su lealtad a las instituciones, sería un absurdo, sino que también exprese su lealtad a la sociedad de la cual surge. Ello implica contar con fuerzas militares de Estado, incorporadas a un proceso de democratización del país y no solo al cuidado de las instituciones.
La soberanía y seguridad nacional ahora están contenidas y dimensionadas en ley, quedó atrás su definición sexenal. Su referencia se relaciona con el comportamiento social en lo interno y externo del país, y no solamente con la fortaleza militar para responder a las instituciones del Estado.
Es innecesario insistir en la importancia que para mí tiene la reforma al artículo 129 constitucional, una y otra vez he hecho mención a ello. Su actual texto dice en realidad muy poco: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La realidad lo ha rebasado con mucho. El crimen organizado, la inseguridad social, las condiciones de violencia producto de la pobreza en que se vive.
Este artículo constitucional debe referir con toda claridad, cuál es la misión de las Fuerzas Armadas mexicanas (Ejército de tierra, la Armada y el Ejército del aire), que no otra más que la de garantizar la independencia y soberanía de México, así como defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Asimismo, también deberá señalar que lo referente a la organización militar se plasmará en la ley orgánica respectiva, teniendo en cuenta los principios de la Constitución Federal.
Es sencillo desprender que la reforma constitucional de las fuerzas militares la ubico en un contexto de reestructuración de Estado. En un contexto donde se redefine, permítaseme citar la idea que al respecto expuse en mi libro Sociedad, política y derecho en un marco globalizador,[1] un proyecto nacional sin exclusiones, un reordenamiento de los integrantes de una sociedad de acuerdo a un nuevo pacto nacional y marco jurídico que lo contenga, así como la conformación de un nuevo Estado de derecho y el redimensionamiento de las funciones e instituciones que conforman cada uno de los Poderes de la Unión, de los niveles de gobierno.
* El presente artículo es parte de la plática que pronuncié en el Instituto Federal de Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura Federal, Poder Judicial de la Federación, en 2010. Su publicación se hará en la Revista de dicho Instituto.
[1] Véase: González Licea, Genaro, Sociedad, política y derecho en un marco globalizador, publicación del autor, México, 2002.
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