El Estado mexicano desde 1980, y en forma abierta, evidente, desde el 2000, vive un proceso de transición en su modelo económico, actuar político y comportamiento con respecto a la participación social; vive un proceso que va de gobierno fuerte, desgastado y falto de credibilidad, a un gobierno que nace de la legitimidad ciudadana y busca constituirse como portavoz real de las necesidades de una nueva sociedad y contexto internacional. Dentro de este proceso, hay grupos de poder que influyen de manera determinante en la nueva dirección del Estado, me refiero a las asociaciones, los grupos de interés y de presión. De ellos se dice muy poco, realmente nada; son, parecería, el eslabón perdido del Estado, del gobierno mexicano.
Digámoslo desde un principio. Los grupos anteriores cobran una especial relevancia en el proceso de transición que vivimos, en razón de que constituyen instancias de poder con rostro específico, concreto, que se ubican fuera de la estructura jurídico-administrativa del Estado y cuentan con un campo de acción propio; más todavía en un contexto como el mexicano, donde el término de clase económicamente dominante, la burguesía dominante como clase, se diluye notablemente en razón de que no está unida, cohesionada como clase, sino como grupos, sectores, o empresarios con nombres y apellidos. A mi país, dicho sea de paso, le falta esta gran revolución y transformación.
Obviamente, el que no tengan cohesión no quiere decir que no existan y, menos aún, que no compartan formas y condiciones tanto sociales como directamente de reproducción de capital. Por el contrario, se debe comprender que como grupos de presión constituyen fuerzas organizadas de poder en sus diversos órdenes (social, económico, ideológico, cultural, político), cuya característica adicional es el contar, cito a Héctor González Uribe, Teoría Política, con una "conciencia de sus derechos y ejercen una actividad que se influye de un modo más o menos eficaz en el poder público. Allí están representados los principales intereses del país: los del campo, de la industria, de la banca, de los trabajadores, de los profesionistas, de los artistas. Estos intereses actúan al margen de la actividad política estrictamente considerada y no tienen muchas veces una reglamentación legal que les dé una estructura jurídica. Pero son intereses reales y su acción es perfectamente legítima, en un régimen democrático, mientras se mantengan dentro de los cauces constitucionales".
Por lo anterior, estos grupos son vistos por el Estado, por las clases económica y políticamente dominantes, como instancias de poder que permiten revitalizar un determinado sistema de producción y dominio; son mecanismos que favorecen el control y poder político del Estado; son núcleos de poder e influencia que participan activamente en el proceso de legitimación de las instituciones, comportamientos sociales y actuación del Estado capitalista. Recordemos que en un sistema capitalista, en una economía de mercado, el sistema de dominio define las cosas de tal manera que, como menciona David Easton, en su Política Moderna, “aquellos que dirigen o aspiran a dirigir las empresas comerciales, que tienen que buscar la ganancia como condición de supervivencia y como medida del éxito de sus actividades", se abocan a ello y no a obtener el poder del Estado.
*González Licea, Genaro, Ensayo sobre la reestructuración del Estado mexicano, Amarillo editores, Derechos Reservados a favor del Autor, México, 2001.
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